Nicaragua cuenta con una serie de leyes para proteger el medioambiente, cada año se modifican o se crean nuevas leyes referidas al cuido de la madre tierra, pero más allá de la legislación, diferentes organizaciones han criticado que no hay una verdadera política ambiental que permita cuidar las reservas que debe proteger el país.
«Existe todo un marco legal ambiental de protección de áreas protegidas que se estableció con el sistema nacional de áreas protegidas Sinap en Nicaragua, de esta surgen todas las leyes de áreas protegidas que determinan las categorías de todas las áreas protegidas. Hay algunas áreas protegidas que tienen un carácter más restrictivo, dependiendo de la categoría, por ejemplo la Reservas Biológicas, en el caso de la Reserva Biológica Indio Maíz, tiene una categoría de alta restricción, es decir que no puede entrar nadie ahí, excepto los pueblos indígenas y afrodescendientes», afirmó Amaru Ruiz, ambientalista y presidente de Fundación del Río.
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Remarcó que la legislación misma cuenta con mecanismos de protección y dentro de las leyes hay argumentos para la protección y cuido, pero eso «no necesariamente se traduce en cumplimiento» debido a varias razones entre las que menciona:
Falta de recursos. Comentó que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) recibe menos del uno por ciento del Presupuesto General de la República. «El Estado Nicaragüense no invierte en temas ambientales, porque la institución rectora recibe menos del 1 % del Presupuesto General de la República, eso se traduce que dentro de ese presupuesto debe haber una asignación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que deberían ser los garantes de las más de 72 áreas protegidas que tenemos en el país».
Falta de cumplimiento. Explicó que la «poca asignación presupuestaria, poca capacidad de gestión de áreas protegidas y poca voluntad política de asegurar la protección y conservación de estas áreas protegidas son el principal incumplimiento de este marco jurídico».
Actividades extractivas. Hizo énfasis que se han deteriorado las reservas naturales por las diferentes actividades extractivas como la minería, deforestación por madera o ganadería, etc. «El Gobierno además realiza el levantamiento de vedas forestales dentro de las áreas protegidas».
Invasión de colonos. «Otro de los problemas más sentidos es la invasión de colonos a territorios indígenas y áreas protegidas. Invaden para establecer actividades agropecuarias, pasto y engorde de ganado y ganadería que genera mayor deforestación, tanto que es la causa número uno a nivel nacional».
Legislación sin voluntad política
Aunque existe una legislación, Ruiz considera que no hay una «voluntad política» ni la capacidad financiera o técnica para que se cumplan las leyes referidas a las áreas protegidas del país.
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Como ejemplo mencionó que no hay acciones para cuidar a los pueblos indígenas y afrodescendientes, que son dueños de más del 55 % del bosque en áreas protegidas. «Donde se ha conservado el bosque es donde están las comunidades indígenas y afrodescendientes y ese match es de suma importancia para la conservación», dijo.
Comentó que parte del doble discurso es pedir «recursos verdes» a diferentes organizaciones e instituciones financieras internacionales, pero que no se traducen en acciones en la práctica.
«Se comprometen en temas ambientales y protección de comunidades indígenas y por otro lado no actúan en procesos de invasión, de deterioro y se abre acusación en contra de defensores de derechos ambientales», expresó Ruiz.
Récord en deforestación
Indicó que la falta de política de Estado no es de ahora y eso ha causado que Nicaragua se convierta en uno de los países a nivel mundial que más rápido deforesta. «La tasa de deforestación es una de las más elevadas del mundo. Una rapidez espeluznante comparada con otros países», aseguró.
En este sentido destacó que el gobierno de Daniel Ortega ha superado a las administraciones anteriores. «En tiempos de Somoza 6 mil hectáreas anuales, en tiempos de Chamorro, Bolaños y Alemán 60 mil hectáreas anuales y con Ortega se calcula que anda entre 165 mil y 185 mil hectáreas anuales. Las acciones de aplicación ambiental no están funcionando. El financiamiento verde hacia dónde va», concluyó Ruiz.