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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, durante la presentación de su informe que documenta la situación de derechos humanos de la población nicaragüense de 2021 a 2022, detalla que el contexto que vive el país en materia de derechos fundamentales es el más complicado en las últimas cuatro décadas.
Este informe titulado «Entre represión y resistencia ciudadana», retrata las violaciones sistemáticas que el gobierno ilegítimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo han ejecutado a través «del poder de las armas y un estado de terror», indica el informe.
Juan Carlos Arce, defensor de los derechos humanos e integrante del Colectivo, indicó que Nicaragua está atravesando el contexto más complicado en los últimos 40 años. «Dentro de los hallazgos de los tres primeros capítulos que se refieren al desmantelamiento de la institucionalidad, el cierre del espacio físico y una política de Estado de impunidad, que tiene enormes implicancias y que de alguna manera es la base de la represión», explicó.
Agregó que el informe reafirma que Nicaragua tiene un terrorismo de Estado, que está promoviendo y premiando la impunidad. «Durante el 2020 y el 2020, el régimen de Daniel Ortega consolidó el Estado policial actuando mediante el terrorismo de Estado, la configuración de un aparato represivo altamente eficaz y la sumisión total de todos los poderes del Estado. Desmantelando de esta forma cualquier ápice de Estado de derecho e instaurando un sistema basándose en la impunidad generalizada», aseveró el defensor.
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Arce agregó que durante este período la Asamblea Nacional se convirtió en una fábrica de leyes represivas. Ha sido la responsable de la violación del derecho humano de la asociación, libertad de expresión, organización, al aprobar distintas leyes que han facilitado el desmantelamiento y cierre de diversas ONG.
Principales víctimas de la represión
La integrante del Colectivo, Wendy Quintero, indicó que los principales blancos de la violencia represiva son mujeres, defensoras de derechos humanos, campesinos, periodistas, líderes religiosos, pueblos indígenas y afrodescendientes. «La estrategia gubernamental está dirigida a acallar todas las voces que de forma organizada o de manera individual refutan la narrativa oficial, demandan justicia o representan un obstáculo para la consolidación de su sistema político y económico», indica el informe.
Quintero explicó que estas voces opositoras representan un obstáculo para la consolidación del sistema político y económico del régimen. Desde 2021, el gobierno ha aumentado su accionar represivo contra periodistas, miembros de la sociedad civil, la Iglesia católica, músicos y artistas en general.
El informe detalla que el aumento de presos políticos se dio en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021. Según IM-Defensoras reportó en abril de 2021 «al menos 70 activistas y defensoras de derechos humanos sufrieron agresiones, intimidaciones, hostigamientos y restricciones a la libertad de reunión. 21 defensoras fueron retenidas de manera forzosa en sus casas».
Sobre la situación de los periodistas, Quintero expuso que la prensa independiente ha sido víctima de asedio, amenazas, agresiones, confiscaciones, robos, campañas de desprestigio, penas y exilio. Con estas acciones el gobierno de turno pretende suprimir el derecho a la libertad de expresión y de prensa, tanto de periodista como de la sociedad civil.
Actualmente, las personas campesinas en Nicaragua viven una situación de zozobra, violencia y más pobreza a raíz de la violencia estatal, las concesiones a empresas nacionales y multinacionales. El informe agrega que los campesinos «han sido víctimas de asesinatos, persecución, criminalización y judicialización por alzar sus voces y defender sus derechos humanos».
Violaciones al derecho a la salud, desplazamiento forzado y exilio
El informe también abarca las violaciones de salud donde retrata el manejo de la pandemia y las consecuencias de la falta de adopción de medidas que resultaron en trágicos resultados en la población nicaragüense. «Evidentemente, la ausencia de una respuesta responsable y adecuada por parte de las autoridades gubernamentales ha significado una serie de sacrificios de la ciudadanía, para su salud física, su salud mental y su vida. Se han realizado despidos masivos, ataques, hostigamientos e incluso acusaciones judiciales a personal médico por criticar el manejo de la pandemia por parte del Estado», indica.
Además, el informe documentó que debido a intensificación de la represión se registró un aumento de solicitudes de refugio en Costa Rica, alcanzando una cifra total de 52,929 solicitudes de nicaragüenses, «cifra que está muy por encima de las solicitudes recibidas en años anteriores, según los antecedentes brindados por las autoridades migratorias».
Este incremento se debe al aumento de la represión, la persecución política, las detenciones arbitrarias selectivas, la aplicación de leyes, inflación en los precios, altos índices de desempleo y las graves violaciones a los derechos humanos.
El defensor de derechos humanos e integrante del Colectivo, Gonzalo Carrión, finalizó la presentación del informe reafirmando que «la familia Ortega-Murillo cuenta con la casi absoluta concentración de poderes, porque no tienen todos… no cuentan con la voluntad política del pueblo de Nicaragua que es la esencia, la razón y la fuente de legitimidad del poder».