La abogada María Oviedo, defensora de derechos humanos y de presos políticos, hoy cumple 350 días detenida en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el Chipote, en celdas que según denuncias de familiares de los detenidos y organismos de derechos humanos no prestan las condiciones para resguardar los derechos fundamentales de los reos como su derecho a la salud.
Oviedo fue detenida el pasado 29 de julio por oficiales de la Policía cuando, junto con sus dos hijos, visitaba a su familia en la ciudad de León y luego fue trasladada al Chipote. El Ministerio Público informó que su detención estaba basada por violaciones a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía, la Independencia y Autodeterminación para la Paz.
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La abogada fue condenada a 8 años de cárcel el pasado 22 de febrero por la jueza Ulisa Tapia Silva, del Juzgado Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio, por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, bajo la Ley 1055, y “propagación de noticias falsas”, según la Ley Especial de Ciberdelitos.
Familiares de los detenidos en la DAJ o el Chipote han indicado que las presas políticas son las que más están padeciendo por malos tratos como el aislamiento.
“Me ha dicho la endocrinóloga que la atiende que esa enfermedad (de la tiroides) es bien peligrosa y que tiene consecuencias irreversibles. Se le pueden hasta salir los ojos o llegar a un coma”, dijo un familiar de Oviedo.
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Abogados y defensores de derechos humanos han señalado que las condiciones de la DAJ no cumplen con las Reglas Mínimas para el Trato de los Reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas Nelson Mandela.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) —a quien el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de su personería jurídica— ha denunciado que Oviedo ha sido sometida a interrogatorios donde le dicen que “nunca va a ver a sus hijos” y se le niega cualquier tipo de comunicación con los menores.