De cara al Día Internacional del Periodista, el jueves 8 de septiembre, la red regional Voces del Sur presentó este martes el Informe Sombra 2021, en el que registró 4,930 alertas por violaciones de la libertad de expresión, la libertad de prensa, y el derecho de acceso a la información en 14 países de América Latina, el año pasado. En promedio, se registraron 14 alertas por día; es decir cada dos horas.
Cuba (228 %) y Nicaragua (149 %) están entre los países que experimentaron los incrementos más drásticos en 2021, en violencia contra personas periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, entre los 13 países monitoreados en 2020.
Las violaciones más comunes contra la prensa son agresiones y ataques (40 %), detenciones arbitrarias (17 %) y el discurso estigmatizante “que no cesa” (14 %).
El organismo advierte que en casi toda la región se observa un panorama ensombrecedor en torno a los derechos fundamentales.
“La situación en Nicaragua es crítica”
La situación en Nicaragua es crítica, con un total de 701 alertas, lo que representa un incremento de 149 por ciento con respecto al año 2020. De estas, el 43 por ciento corresponde al uso abusivo del poder estatal, el 41 por ciento a agresiones y ataques y el 9 por ciento a procesos judiciales civiles y penales.
Guillermo Medrano, director ejecutivo de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia en Nicaragua (FLED), señaló que desde el inicio de 2021, en el contexto de las cuestionadas elecciones presidenciales, el régimen de Daniel Ortega incrementó su persecución contra periodistas y medios de comunicación independientes.
“El Gobierno utilizó leyes represivas aprobadas en 2020, como la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y Ley de Seguridad Nacional, para judicializar a sus oponentes políticos, en esta misma campaña de persecución varias personas de la sociedad civil y (extrabajadores) la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro fueron apresados por el régimen”, expresó Medrano.
Indicó que en ese contexto también fueron citados a la Fiscalía más de 50 periodistas a interrogatorios y fueron amenazados con cárcel.
Actualmente, Medrano precisó que “siete personas ligadas a los medios de comunicación están encarceladas, periodistas y administradores de medios, mientras que otros han tenido que huir del país”.
El Estado, el principal agresor
De estas casi cinco mil alertas en 2021, el Estado es el responsable del 72 por ciento de estas agresiones. El organismo señala un incremento del 13 por ciento en comparación con el 2020. “Los Estados, en teoría garantes de los derechos humanos, son por acción o por omisión, la mayor amenaza que enfrentan las personas periodistas y trabajadoras de medios de comunicación”.
De estas 4,931 alertas, 47 por ciento se cometió contra hombres periodistas, el 28 por ciento contra mujeres periodistas y el resto contra medios de comunicación.
Desde el 2018, Voces del Sur ha elaborado un Informe Sombra anual. Este es el cuarto consecutivo que presenta el organismo, que elabora con base en la recolección y análisis de datos que provienen del monitoreo paralelo, realizado por organizaciones de la sociedad civil que conforma la red Voces del Sur.
Inclusión de perspectiva de género 2021
En 2021, de estas casi cinco mil alertas, 165 tienen componente de género, es decir que se perpetraron además de ser periodistas por condiciones de género.
Dentro de estas alertas las agresiones más comunes son los discursos estigmatizantes con el 44 por ciento, seguido de ataques de agresiones con el 42 por ciento.
“La violencia contra las mujeres y otras personas de la disidencia de género y la disidencia sexual no solamente son productos de actores externos sino que estas personas también sufren violencia dentro de los mismo medios de comunicación y salas de redacción”, alertó el organismo.
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Titulado Informe Sombra 2021, el documento muestra “una realidad alarmante en la región, refleja grandes retrocesos para el ejercicio de hechos que son fundamentales para el sostenimiento de nuestras democracias. El hecho de que la prensa sea agredida en la región cada dos horas habla de lo endeble que son nuestras democracias pues estas no pueden funcionar sin una prensa libre e independiente”.
Por ello recomienda que “el Estado debe implementar políticas públicas integrales que enfrenten las causales de la violencia, así como revertir su rol como el principal agresor de la prensa”.