La red regional Voces del Sur presentó su Informe mensual de violaciones a la Libertad de Prensa correspondiente al mes de noviembre 2022 en el que se registraron 6 casos de violaciones a la Libertad de Prensa; 5 fueron perpetrados en contra de periodistas (83.3 %), y 1 contra un medio de comunicación (16.7 %).
Del total de 6 casos registrados, estos recayeron entre 5 víctimas; 4 personas naturales y 1 medio de comunicación. De las personas naturales 2 son del género femenino y 2 del género masculino. En uno de los casos un periodista fue víctima de amenazas en redes sociales en 2 oportunidades.
«Queremos destacar que por cuarto mes consecutivo la periodista Yahaciela Barrera ha sido víctima de agresiones y amenazas; lamentamos que la RACCS siga siendo una región de alto riesgo para ejercer el periodismo independiente», destaca el informe.
Más periodistas al exilio
En el informe se detalló que en noviembre cuatro periodistas más se vieron obligados al exilio, ante la dificultad que existe en el país para ejercer el oficio y «el peligro que implica».
«También conocimos y tenemos el registro de 5 denuncias de amenazas y asedio por parte de agentes policiales y paraestatales, producidas en el contexto del proceso de las votaciones municipales. No las registramos a solicitud de las víctimas», agrega el documento.
Asimismo, se lee que el Promotor de la Libertad de Prensa en el departamento de Carazo, conoció que tres ciudadanos fueron enjuiciados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación lo que evidencia que el gobierno de Nicaragua sigue aplicando la Ley 1042 y 1055 en contra de sus disidentes.
Las personas acusadas son Sandra Del Carmen Acevedo Díaz y Allan Sebastián Bermúdez originarios de Diriamba estos fueron remitidos a juicio el pasado 21 de noviembre, así mismo Karla Patricia Vega, originaria del municipio de El Rosario quien se mantiene detenida sin acceso a defensa y sin información para su familia.
«Una vez más expresamos al Estado de Nicaragua la necesidad de poner fin a la utilización de las leyes represivas en contra de sus disidentes; hacer uso de las tecnologías de la comunicación e información no es un delito. Es necesario preservar el derecho y la seguridad de los ciudadanos teniendo presente su dignidad y el respeto a sus libertades fundamentales», señala.
Decretos aprobados por gobierno de Costa Rica limitan trabajo informativo y denuncia internacional
El informe hace referencia a los decretos anunciados por el presidente Rodrigo Chaves.
La administración del presidente Rodrigo Chaves sorprendió a defensores de derechos humanos dentro y fuera de Costa Rica, luego que aprobara dos decretos en los que modifica las medidas y condiciones que hasta ese momento tenía este país en favor de los solicitantes de refugio.
Días antes de la aprobación de estos decretos, Chaves declaró que su país no podía recibir más migrantes económicos y que muchos de los que aducen ser perseguidos políticos llegaban a trabajar y se aprovechaban de las condiciones de los “refugiados legítimos”.
A su vez insistió que la comunidad internacional no le ha brindado el apoyo necesario para enfrentar esta crisis humanitaria por lo que debía tomar medidas al respecto.
Las medidas aprobadas entraron en vigor el 1 de diciembre y destacan los siguientes aspectos:
- Negativa para que los solicitantes de protección internacional puedan salir a un tercer país, en caso de hacerlo su expediente será archivado.
- Los solicitantes de refugio no tendrán permisos laborales de forma inmediata si no que deberán seguir un procedimiento para conseguirlo.
- Las personas que ya cuenten con un permiso laboral solo podrán renovarlo si están inscritos en la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S).
- La presentación de solicitud de asilo político deberá ser presentada dentro de un mes natural a partir del día de su ingreso al país. Estas nuevas disposiciones afectan tanto a periodistas como a activistas nicaragüenses quienes a pesar de estar en el exilio continúan trabajando y denunciando las arbitrariedades que ocurren en Nicaragua, con la restricción de salir del país se verán obligados a modificar la forma de denuncia. La misma medida limita la posibilidad de intercambios, estudios y actualizaciones entre pares ya que si bien la virtualidad es parte de la sociedad actual, la presencialidad es todavía una necesidad. Para Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), las nuevas disposiciones tomaron por sorpresa a los defensores de derechos humanos ya que no solo limitan las condiciones para los solicitantes de refugio, sino que vulneran el derecho al trabajo y al ejercicio de la libre expresión. “Las medidas violentan el derecho a la denuncia, el derecho a la libre expresión. En el caso de los periodistas violenta el derecho a la libertad de prensa, porque los periodistas necesitan dar cobertura a estos eventos internacionales y hacer denuncias” apuntó Martínez.
