La estrategia de la Dictadura de Daniel Ortega es consolidar un estado totalitario que le permita establecer mecanismo de control en todos los aspectos de la ciudadanía nicaragüense, para asegurar su permanencia en el poder y silenciar a cualquier voz disidente, aseveró el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en el informe Cierre del espacio cívico: Criminalización del ejercicio de la ciudadanía.
Desde el inicio de la crisis sociopolítica en Abril 2018, el régimen nicaragüense intensificó la criminalización contra activistas, defensores, integrantes de la organizaciones no gubernamentales y demás voces que puedan resultar incomodas para su administración. Además, empezó a cerrar espacios cívicos de manera arbitraria.
En 2023 ha continuado estas acciones que violan de manera sistemática y generalizada el derecho humanos a la libertad de organización. «Para ello, como principal estrategia ha ejecutado el control total del espacio de participación pública lo que se expresa en la ilegalización de más de 3,552 organizaciones de sociedad civil, la mayoría en 2022 con 3,138 ilegalizaciones», indicó el Carlos Guadamuz, del Colectivo Nunca Más.
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Violación a la autonomía universitaria
El régimen de Ortega también ha cerrado espacios universitarios utilizando el 6% que constitucionalmente se asignan las universidades a través del Presupuesto General de la República.
«Es evidente el actuar represivo y partidario del Consejo Nacional de Universidades CNU y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CNEA, instancias que en la práctica se han encargado de asfixiar económicamente a las universidades privadas y desacreditarlas para posteriormente cancelarlas a través del Ministerio de Gobernación. lodo en represalia tras negarse a someterse al control absoluto del FSLN», indicó el Guadamuz.
La última estocada a la autonomía universitaria fue la confiscación arbitraria de la Universidad Centroamericana (UCA), el 15 de agosto de 2023. Días después tres activistas feministas y estudiantiles fueron detenidas de manera arbitraria, actualmente se encuentran en el Sistema Penitenciario de Mujeres «La Esperanza», donde han denunciado que se encuentran de celdas de cumplen de máxima seguridad.
«Las cancelaciones de universidades, violaciones a la libertad de cátedra y la represión generalizada han afectado el acceso y educación de calidad de al menos 37 mil estudiantes; provocando la reducción de oferta de carreras de humanidades, así como el cierre total de institutos o centros de investigaciones. Lo cierto que no es posible en este momento determinar con exactitud el número de estudiantes afectados, puesto que no todas las universidades canceladas por temor a represalias intorman sobre el impacto directo en su estudiantado», aseveró el abogado.
El informe del Colectivo también documentó la persecución y hostigamientos policiales provocaron el exilio de estudiantes expulsados y causando graves daños a sus condiciones de vida, afectaciones familiares, estigmatización, ruptura del tejido social en barrio y comunitario.
Ortega ignora mandatos internacionales
El Estado nicaragüense tiene responsabilidades internacionales derivada de los tratados, convenios, acuerdos y resoluciones que ha suscrito y ratificados en materia de derechos humanos.
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Para el Colectivo es importante que en este contexto profundamente marcado por la violencia de estado la comunidad internacional continue presionando al Estado nicaraguense para que cese de manera inmediata las prácticas que violan de forma sistemática los derechos civiles y políticos de la población, desmantele el aparato represivo contra voces disidentes organizaciones de sociedad civil y abra caminos para el retorno de la democracia en Nicaragua, finalizó.
