Los hombres y mujeres de prensa continúan sufriendo agresiones de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y se han extendido a sus familiares que se encuentran en Nicaragua, de acuerdo con el informe trimestral de Voces del Sur correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2023.
«Hemos registrado denuncias de periodistas exiliados, quienes indican que sus familiares que se encuentran en Nicaragua, en varias oportunidades han sido víctimas de asedio e intimidación por oficiales de Policía que llegan y les preguntan por él o la familiar periodista, a sabiendas que ya han hecho público su exilio», detalla el informe.
El informe registra 10 agresiones a la libertad de prensa, además documentó que 19 comunicadores se vieron obligados al exilio.
El documento indica que las agresiones incluyen a periodistas jubilados, además a quienes fueron retirados de la profesión, sin excluir ni siquiera a aquellos que sufren enfermedades graves y crónicas.
«Queremos dejar constancia que entre los meses de octubre y diciembre persistió como patrón de violencia, el ataque, la descalificación y la difamación por parte de acérrimos defensores del gobierno actual, como Enrique Quiñónez, quien haciendo uso de los micrófonos de su emisora, Radio 800, de forma obstinada difama el trabajo de periodistas y medios independientes», afirma Voces del Sur.
Asimismo, señalan al diputado sandinista Moisés Absalón Pastora, quien utiliza la señal del Canal Estatal 6, en su programa Detalles del Momento, para emitir epítetos «impublicables» para referirse a ciudadanos opositores y con mayor énfasis en periodistas independientes.
Un ejemplo de ello son las declaraciones emitidas por Pastora el pasado 15 de diciembre. Durante el minuto 2:40,1 calificó de “cucarachas mediáticas y miserias humanas” a los medios de comunicación que transmiten desde Costa Rica o Estados Unidos. Agregó que “hacen un trabajo no por periodistas, sino por mercenarios”.
Continúa judicialización
El informe resalta que se continúa aplicando la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) y la Ley de Soberanía (Ley 1055), que son utilizadas para perseguir y encarcelar a ciudadanos que expresan sus opiniones a través de redes sociales.
