En medio de la compactación y reorganización de las instituciones gubernamentales y municipales que el régimen Ortega Murillo impulsa desde agosto, y ahora realiza de manera silenciosa para evitar que entre sus seguidores siga creciendo el descontento generado por los despidos, el más reciente reporte de afiliados a la Seguridad Social refleja que entre agosto y septiembre la institución perdió casi 7 mil trabajadores del sector servicios. Segmento que abarca a los funcionarios estatales y municipales, por lo que la cifra puede reflejar el impacto inicial de una reorganización que aún no concluye.
Además, las cifras oficiales confirman que sólo en el Gobierno central, entre agosto y septiembre se cerraron 1,210 plazas.
“Efectivamente en el sector servicios se incluye a los empleados públicos y municipales, de hecho ellos representan el mayor peso en ese segmento”, dice un especialista en Seguridad Social quien pide anonimato por temor a represalias.
Por su parte, un funcionario vinculado al proceso dice que es posible que en los dos primeros meses del proceso de compactación la cantidad de despedidos haya rozado los siete mil, especialmente porque además de los ministerios y algunas otras entidades públicas, el proceso también inició en algunas alcaldías donde han optado por no renovar los contratos de los funcionarios que mantenían en planilla por servicios profesionales, pero les pagaban Seguro Social.
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Compactación congeló plazas, no renuevan contratos
Según el funcionario, las 153 alcaldías y otras instituciones públicas tienen hasta el 5 por ciento de su planilla bajo contratos de servicios profesionales, y estos contratos no pueden renovarse porque las plazas están congeladas.
El 7 de agosto, como parte del proceso de compactación y ordenamiento estatal, el recién nombrado titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Bruno Gallardo, congeló las contrataciones en el Estado y dejó establecido que sólo en casos extremamente necesarios podrá solicitarse directamente a Daniel Ortega una contratación y solamente si él lo autoriza podrá abrirse la plaza.
Cuando se anunció esta medida algunos economistas explicaron que era parte de la compactación y que esta va en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su reporte del examen anual, conocido como Artículo IV del año pasado, recomendó entre otras cosas reducir los gastos corrientes, principalmente en salarios y bienes y servicios entre ½ y ¾ por ciento del PIB, porcentaje que equivaldría a unos 300 millones de dólares.
Sumado a esto, según el funcionario, también se están cerrando algunas plazas fijas que no serán necesarias por la compactación de direcciones y dependencias en las entidades. Los despidos, junto con la medida establecida el año pasado de no dar liquidación a los trabajadores despedidos, ha provocado mucho descontento entre los simpatizantes del oficialismo, situación que el régimen pretendió remediar con un reciente ajuste salarial del 4 por ciento.
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6,953 afiliados del sector servicio salieron del INSS
El más reciente reporte de asegurados activos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), desglosado por actividad económica, que publicó el Banco Central de Nicaragua (BCN), detalla que en julio el segmento de “servicios comunales, sociales y personales” tenía 276,862 afiliados y al mes siguiente bajó a 275,068.
Eso implica que en agosto, mes en que el régimen Ortega Murillo anunció que iniciaría un proceso de compactación y reorganización de las instituciones estatales y de las alcaldías, 1,794 trabajadores del sector servicios comunales, sociales y personales perdieron sus empleos y salieron de la planilla de afiliados del INSS. Al mes siguiente la cifra siguió disminuyendo y bajó a 269,909 asegurados, por lo que otros 5,159 dejaron de cotizar.
En total, entre agosto y septiembre 6,953 trabajadores del sector servicios quedaron desempleados y a criterio de los especialistas la gran mayoría podrían ser trabajadores estatales o municipales, ya que estos son los que dominan ese segmento de asegurados.
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Gobierno central despidió a 1,210 trabajadores
Por su parte, el reporte de la distribución de empleo por categoría ocupacional en el Gobierno central, que también publica el BCN, detalla que entre agosto y septiembre estas entidades despidieron a más de mil funcionarios.
Según dicho reporte, en julio el Gobierno central tenía 112,026 empleados y en agosto reportó 111,980, es decir una disminución únicamente de 46 trabajadores. Pero en septiembre la cifra bajó a 110,816 lo que implica el despido de 1,164 funcionarios que junto a los 46 despedidos de agosto suman en 1,210 plazas cerradas entre agosto y septiembre sólo en el Gobierno central.
De acuerdo con ese reporte, la mayoría de los 1,210 trabajadores que salieron de la planilla estatal son recursos humanos calificados. El más afectado es el sector docente que perdió 358 plazas, luego se ubicó el segmento técnico-científico que perdió 325 plazas y el sector salud con 155 plazas. En cambio en el segmento de producción solo hubo ocho despidos y en los cargos de dirección cerraron 76 plazas.
Aunque 7 mil despidos en el sector público y municipal solo en agosto y septiembre parece elevado, la cifra puede seguir creciendo, ya que el proceso de compactación y reordenamiento aún no concluye. El proceso continúa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), algunas alcaldías y otras entidades, asegura el funcionario.