El régimen Ortega Murillo ha rechazado el escrutinio de los organismos internacionales responsables de la protección de los derechos humanos pretendiendo encubrir las sistemáticas y masivas violaciones que ha dirigido, olvidando que la dignidad humana está en la mira del derecho internacional y que las naciones tienen una responsabilidad colectiva de velar por el respeto a los derechos del ser humano y de asegurar que quienes cometen crímenes de lesa humanidad no queden impunes.
Pretendiendo evadir su responsabilidad expulsó del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh). Se niega a aceptar las visitas y a cooperar con los expertos de estas instituciones y de la Comisión Contra la Tortura de la ONU. Además, se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar de desvincularse de sus obligaciones frente a este organismo.
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Para garantizar la impunidad de los autores, cómplices y encubridores de los más atroces crímenes, desde hace varios años y de forma progresiva desacata las recomendaciones, resoluciones y sentencias de los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos, impidiéndoles que brinden protección a las víctimas y negándoles a estas el acceso a la justicia.
La impunidad no debe prevalecer
Estos esfuerzos contrastan con el compromiso de no dejar impune las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que deriva del principio de la solidaridad jurídica entre los Estados y se ejerce, con la obligación de cooperar con la prevención y sanción de estos crímenes mediante la jurisdicción universal, que permite juzgar sin importar el lugar donde se hayan cometido, ni la nacionalidad de sus actores o víctimas.
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Para consolidar la absoluta impunidad, los Ortega Murillo construyeron un sistema interno con efectos externos, que al dotarlos de las siguientes medidas evita la aplicación de la justicia:
1. Aprobaron una amplia e incondicional Ley de amnistía.
2. Acabaron con la independencia del poder judicial y lo convirtieron en una herramienta más de represión sin jueces imparciales e independientes.
3. Para evitar la aplicación de la justicia internacional se niegan a ratificar el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI).
4. Para escapar de juicios en el extranjero basados en la justicia universal, prohibieron constitucionalmente la extradición de nacionales.
5. Para impedir que avancen las denuncias de las víctimas aseguraron el monopolio de la acción penal y el control y sumisión total de la Policía.
6. Al ser las cabezas del Estado los principales responsables, ejercen un control absoluto de las instituciones y aseguran que ningún funcionario cumpla con su obligación de investigar o procesar.
7. Reformaron la Constitución para garantizar la reelección indefinida y la sucesión familiar, y convirtieron la permanencia en el poder en el principal escudo contra la justicia.
Nicaragua, refugio de criminales y corruptos
En su propósito de transgredir sus obligaciones internacionales, de manera consciente y desafiante y actuando como un Estado forajido, los Ortega Murillo no se conforman con asegurar su impunidad y la de sus subordinados, sino que también convirtieron al país en un refugio para extranjeros autores de terrorismo, como el italiano Alessio Casimirri y para funcionarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Asia, acusados de corrupción, transformando a Nicaragua en el paraíso de la impunidad para propios y ajenos. A estos personajes les brindaron asilo y para protegerlos de la extradición les otorgaron la nacionalidad, violentando así la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga a los países a colaborar en la lucha contra este tipo de delitos.
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Desde los juicios de Núremberg la comunidad internacional sostiene que el fracaso de la persecución de los crímenes graves es considerado tan malo e incluso peor que el propio delito, por cuanto la impunidad se convierte en un incentivo para continuar cometiendo ilícitos que ofenden a las víctimas y a la humanidad en su conjunto.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) solicita a la comunidad internacional tener presente que la lucha contra la impunidad exige una respuesta decidida y coordinada que permita juzgar y sancionar a los responsables, más aún cuando pretenden autoprotegerse en su propia nación. Cuando un país se niega a investigar y sancionar los crímenes graves contra el derecho internacional es responsabilidad del resto de los Estados, como parte de sus obligaciones internacionales permitir a las víctimas acceder a sus tribunales a través de la jurisdicción universal.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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