El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN, por sus siglas en inglés) ha verificado que la autonomía universitaria en este país ha sido desmantelada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Así lo dice en el informe titulado “Violaciones y abusos de los derechos humanos a la educación, la libertad académica y otros derechos fundamentales contra estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario”, presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 55º período de sesiones.
Para los nicaragüenses, y particularmente para las comunidades universitarias del país, la denuncia del GHREN no es una novedad. Esta tragedia de la educación superior nacional se conoce y se viene sufriendo desde 2018, cuando el régimen desató la represión total para aplastar la insurrección cívica que encabezaron los estudiantes universitarios. Pero el mundo no lo sabe, salvo las personas de los organismos internacionales públicos y no gubernamentales que investigan las violaciones masivas a los derechos humanos de los nicaragüenses.
El GHREN denuncia en el capítulo sobre la educación universitaria de su informe, que el régimen autoritario imperante en Nicaragua ejerce un control directo sobre los asuntos administrativos y las políticas y ejercicio académico de las universidades que antes eran autónomas. Y documenta las numerosas expulsiones de estudiantes y despidos de docentes que participaron en las protestas de 2018, o que han sido señalados como opositores, críticos o simplemente personas independientes.
Una educación universitaria sin autonomía es como un cuerpo humano sin conciencia. Es como una máquina que se mueve de acuerdo con los intereses y hasta los caprichos de sus manipuladores, en este caso la camarilla dirigente del partido gobernante en un sistema autocrático y autoritario como el que impera en Nicaragua.
La autonomía universitaria se funda en el principio de que la sociedad se beneficia más con una universidad que cumple sus funciones educativas superiores sin la injerencia del Estado, de la política y de la religión, en este último caso salvo que sean instituciones definidas y registradas como religiosas.
El padre de la autonomía universitaria en el mundo, el sabio alemán del siglo XIX, Alexander von Humboldt, estableció que “el desarrollo del conocimiento, el avance científico y tecnológico, así como la innovación social y cultural, requieren condiciones de libertad para otorgarle a la sociedad sus mejores propuestas”.
Ese principio fundamental fue aceptado y adoptado en Nicaragua hasta en 1958, por el gobierno de Luis Somoza Debayle, y el reconocimiento de la autonomía universitaria le dio un poderoso impulso al desarrollo de la educación superior del país.
Las condiciones de la autonomía universitaria fueron mejorando poco a poco en Nicaragua, hasta que la Revolución sandinista de 1979 prácticamente la hizo desaparecer. Fue recuperada con el advenimiento de la democracia en 1990, durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, pero al regresar los sandinistas al poder comenzaron a socavarla, hasta desmantelarla en 2018. Así lo ha documentado y denunciado el GHREN en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pero no ha sido liquidada para siempre. La autonomía universitaria es uno de los pilares de la libertad y la democracia; y cuando estas sean recuperadas —lo que deberá ocurrir tarde o temprano—, las universidades de Nicaragua volverán a ser dignificadas y fortalecidas con la libertad académica y administrativa que es condición indispensable para producir una educación superior de alta calidad.