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La organización internacional Christian Solidarity Worldwide (CSW) alertó sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, al calificar el año 2025 como un período “sin respiro” para la libertad de religión y creencias, en medio de una intensificación de la represión bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El informe documenta un patrón sistemático de hostigamiento contra líderes religiosos, restricciones a las prácticas de fe y un aumento significativo de medidas de control por parte del Estado.
“En 2025, las violaciones a la libertad de religión o creencias en Nicaragua, bajo el gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), seguían siendo flagrantes y numerosas. Los líderes de diferentes grupos religiosos eran objeto de acoso y vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad”, informa el estudio.
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Uno de los datos más alarmantes es el incremento en las llamadas “medidas cautelares” impuestas a líderes religiosos. A lo largo de 2025, CSW documentó 36 casos, más del triple que en 2024, lo que evidencia una escalada en los mecanismos de control.
“Se impusieron cada vez más ‘medidas cautelares’ a los líderes religiosos, obligándolos a presentarse semanalmente en persona en las estaciones de policía locales, a compartir detalles de sus actividades
planificadas y a obtener autorización gubernamental para salir de su municipio de residencia. Muchas actividades religiosas públicas, incluidas las procesiones católicas tradicionales y algunas asociadas con el Día de la Biblia, observadas tanto por católicos como por protestantes, seguían prohibidas”, detallan.
El informe, publicado el 30 de marzo de 2026, también describe cómo la vida religiosa fue desplazada de los espacios públicos hacia el interior de los templos, bajo estricta supervisión estatal.
“Las actividades religiosas que antes se realizaban al aire libre, en espacios públicos, quedaron confinadas al interior de las iglesias y, a menudo, requerían autorización previa de la Policía Nacional (PN). Algunos grupos religiosos, en particular los alineados con el gobierno y que lo apoyaban, estaban exentos de las prohibiciones de actividades religiosas en público, y se les otorgaban permisos para eventos multitudinarios. El gobierno se apropió de algunas fiestas y tradiciones religiosas en un intento de crear una ilusión de respeto general hacia la LdRC (Libertad de Religión o Creencia)”, se lee en el reporte.
Incluso dentro de los recintos religiosos, el control no desaparece. La vigilancia, abierta y encubierta, condiciona los mensajes y limita la libertad de expresión de los líderes de fe.
“Dentro de los edificios religiosos, las actividades religiosas estaban sujetas a la vigilancia gubernamental, tanto abierta como encubierta; los líderes religiosos sabían que no debían hablar ni orar sobre ciertos temas. Predicar sobre la unidad o la justicia, orar por los líderes religiosos encarcelados o incluso por la situación general del país o del mundo, por ejemplo, podía considerarse una crítica al gobierno y ser tratado como un delito. Los líderes religiosos que defienden abiertamente los derechos humanos, incluyendo a LdRC, se enfrentan a la posibilidad de ser detenidos arbitrariamente en condiciones inhumanas o forzados al exilio”, según denuncian.
El documento registra más de 300 casos de violaciones a la libertad religiosa durante 2025, aunque advierte que la cifra podría ser mayor debido al temor de las víctimas a denunciar.
“CSW registró 309 casos separados de LdRC durante el período que abarca este informe (del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025). En 200 de los casos, las víctimas eran católicas romanas, mientras que 108 eran cristianas protestantes, incluidos los adventistas del séptimo día. Un caso adicional involucró a un periodista no religioso que fue atacado debido a su cobertura de temas religiosos. La mayoría de los casos involucraron múltiples violaciones a la LdRC y muchos afectaron a un gran número de personas”, se lee en el informe; sin embargo, advierten del subregistro de estas cifras ante el terror a la denuncia que puede provocar mayor represalia.
El informe también señala detenciones arbitrarias, exilios forzados, confiscación de bienes y la prohibición de poseer textos religiosos en prisión, en contravención de estándares internacionales como las Reglas Nelson Mandela.
En paralelo, el gobierno intensificó el cierre de organizaciones, incluyendo entidades religiosas, superando las 5,600 organizaciones ilegalizadas, muchas de las cuales han visto congeladas sus cuentas o confiscados sus bienes.
Persecución a menores de edad
Entre los hechos graves descritos en el informe de la CSW figuran los citatorios policiales, que no solo abarcaron a personas adultas, sino también a mujeres menores de edad.
«En mayo, tres chicas de 16 años del departamento de Madriz fueron interceptadas por una patrulla policial cuando caminaban por su barrio hacia la iglesia parroquial para apoyar al sacerdote en la celebración de la misa…informadas por un oficial de alto rango de la PN que estaban siendo detenidas por difundir el odio e incitar a la violencia…Fueron puestas en libertad unas horas más tarde, después que sus padres presentaran sus documentos de identidad en la comisaría», según declaró una fuente a CSW.
“Este incidente asustó a la comunidad, ya que no parecía haber otra justificación para la detención más que el hecho de que (las chicas) son católicas y participan activamente en las actividades de su parroquia”, relataron comunitarios.
Durante el año 2025, también se reportaron interrogatorios a líderes religiosos sobre el contenido de sus sermones, así como amenazas directas por expresiones consideradas críticas al gobierno.
“Comunidades religiosas y particulares siguieron denunciando amenazas y acoso por parte de funcionarios del gobierno o de sus representantes, en forma de activistas progubernamentales y paramilitares; de los 228 casos documentados en 2025, 228 incluían una o ambas de estas violaciones. Se interrogó a líderes religiosos sobre el contenido de sus sermones, oraciones y otras enseñanzas. Se denunciaron con frecuencia amenazas en represalia por declaraciones u otras formas de expresión percibidas como críticas al Gobierno”.
Expulsiones de religiosos
Este patrón represivo continúa en 2026, en medio de celebraciones como la Semana Santa, donde las restricciones a manifestaciones públicas de fe siguen vigentes.
Además, se documentaron expulsiones masivas de religiosos, incluyendo congregaciones completas obligadas a abandonar el país, así como casos individuales de prohibición de reingreso tras viajes al extranjero.
En abril, el padre Jalder Hernández se disponía a regresar a Nicaragua tras una visita religiosa a Estados Unidos cuando recibió un correo electrónico de la aerolínea en el que se le informaba que no se le permitiría abordar y que cualquier duda al respecto debía dirigirse al gobierno nicaragüense. Un pastor protestante y un periodista que cubría habitualmente temas religiosos sufrieron un trato similar en la segunda mitad del año.
El 28 de enero, 30 monjas del monasterio de las Hermanas Clarisas Franciscanas del departamento de Managua, del monasterio de los Sagrados Corazones de Jesús y María del departamento de Chinandega y del convento de Santa Clara «Las Clarisas» del departamento de Matagalpa se vieron obligadas a abandonar Nicaragua.
En agosto, una escuela asociada a la Congregación de las Hermanas Josefinas y dirigida por la hermana Haydalina Castillo Poveda se vio obligada a cerrar, y a las ciudadanas extranjeras y nicaragüenses que vivían y trabajaban allí se les concedió un plazo de 30 días para abandonar el país. En diciembre, se ordenó a ocho mujeres pertenecientes a las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, en el departamento de Madriz, que abandonaran el país de inmediato. A las mujeres, entre las que se encontraban de nuevo tanto extranjeras como nicaragüenses, no se les permitió despedirse de sus amigos o familiares.
CSW instó al gobierno de Estados Unidos a mantener la presión internacional, incluyendo la permanencia de Nicaragua en la lista de países de especial preocupación y la imposición de sanciones específicas contra responsables de violaciones.
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El informe también destaca casos emblemáticos como el del pastor Efrén Antonio Vílchez López, condenado a 23 años de prisión, quien continúa encarcelado pese a denuncias de irregularidades en su proceso, por lo que recomendaron su liberación.
Asimismo, el fallecimiento de Mauricio Alonso Petri, quien murió «bajo custodia en agosto de 2025 y a su familia no se le proporcionó ninguna explicación sobre las causas de su muerte, ni se le permitió realizar una autopsia».
La directora de incidencia política y jefa del equipo para el continente Americano de CSW, Anna Lee Stangl, declaró: «Si bien el régimen ha modificado sus estrategias en algunos aspectos —por ejemplo, liberando a presos políticos bajo arresto domiciliario en lugar de obligarlos al exilio—, su objetivo principal sigue siendo el mismo: controlar, cooptar o eliminar a cualquiera que considere una amenaza para su autoridad y supervivencia».
El panorama descrito por CSW perfila un escenario donde la fe, lejos de ser un espacio libre, se ha convertido en un terreno vigilado, condicionado y, en muchos casos, castigado, en uno de los contextos más restrictivos de la región para la libertad religiosa.
