LA PAZ/ EFE
Las inversiones de Repsol constituyen casi el ochenta por ciento de la inversión española en el país andino, donde también tienen una presencia destacada la concesionaria Abertis, la entidad bancaria BBVA, la editorial Santillana, el operador de aeropuertos AENA o el fabricante de explosivos Maxam.
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El Gobierno de Bolivia confía en mantener un encuentro “cordial” con la eléctrica española Iberdrola, cuyas filiales bolivianas fueron nacionalizadas el sábado pasado, una medida que fue respaldada por campesinos leales al mandatario y criticada por la oposición.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, asegura que el Ejecutivo espera la llegada a Bolivia de representantes de Iberdrola, compañía que manifestó que espera que Bolivia “pague el valor real” de las cuatro filiales expropiadas.
“Me imagino que ellos (los representantes de Iberdrola) estarán pronto acá; vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transacción que sea favorable a ambas partes”, sostuvo Sosa en una entrevista con el canal estatal.
Agregó que el decreto de expropiación establece un plazo de 180 días para que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contrate a una empresa independiente que tase las cuatro filiales nacionalizadas.
Sosa afirma que se destinará un 15 por ciento de las ganancias de Electropaz, que el año pasado superaron los 11 millones de dólares, para nivelar las tarifas, aplicando una suerte de subvención a los costes en el área rural, para no tener que subir el precio del servicio en las urbes.
Por su parte el empresario y líder de la centrista Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, escribió en su cuenta de la red social Twitter que “cada vez que el Estado Plurinacional nacionaliza aleja más la inversión extranjera y ahora se entiende por qué no hay ley de inversiones”.
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