De concretarse la suspensión de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2019, el régimen de Daniel Ortega perderá inmediatamente todo acceso a las fuentes de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, incluido el dinero que ya está “amarrado”, advirtieron ayer analistas, quienes explicaron que esto se sumaría a las dificultades que ya va a enfrentar para obtener recursos frescos de esos organismos dada la aprobación reciente de la Nica Act, en Estados Unidos.
Y aunque tanto la OEA como EE.UU. no tienen influencia en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), especialistas señalan que los fondos de esa entidad también están en riesgo.
El próximo año el régimen de Daniel Ortega tiene planeado obtener en recursos del BID un total de 3,247 millones de córdobas en préstamos y en donaciones 150.25 millones de córdobas.
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Otros 1,202 millones de córdobas provendrán del Banco Mundial en préstamos y 770.31 millones de córdobas en donaciones, según datos del Presupuesto General de la República aprobado a finales de este año.
En su conjunto, ambas instituciones financieras aportarán al gasto público 5,369 millones de córdobas, es decir un poco más de la mitad de los 10,225 millones de córdobas que se esperan en recursos externos el próximo año.
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, explicó el viernes pasado que de ser suspendido el país de la OEA se le bloquearían tanto los préstamos pendientes como algunos en ejecución de parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Eso contrasta con el optimismo que manifestó el titular de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el 12 de diciembre, quien se mostró confiado en que esos recursos se conseguirán por completo dado que estos ya están contratados, aprobados y listos para ser entregados a Nicaragua.
Acosta dijo que tienen 3,100 millones de dólares para financiar la inversión pública y el gasto social, con recursos gestionados, aprobados, contratados por diferentes fuentes para los próximos cuatro o cinco años.
Hasta ahora Nicaragua ha logrado concretar su Estrategia País con el Banco Mundial para el periodo 2018-2022, pero tiene pendiente negociar uno similar con el BID, el que venció el año pasado y que garantiza el financiamiento a mediano plazo.
Los fondos del BCIE también en apuros
Y aunque el régimen ha mostrado su confianza en que reemplazará el vacío que dejaría el cese de fondos por parte del BM y el BID con recursos del BCIE, fuentes conocedoras del temas aseguran que también ahí puede afrontar problemas.
Al respecto, explican: “Que los fondos hayan sido asignados de manera indicativa en la Estrategia no significa que ya estén aprobados por el BCIE para Nicaragua. Los fondos se aprueban con la presentación de proyecto por proyecto al Directorio del Banco, es decir, que si el Directorio no lo aprueba, el proyecto, no hay fondos”.
Y aunque en el proceso de votación de la solicitud de préstamos, Ortega puede conseguir con facilidad la aprobación de cuatro países centroamericanos más uno extrarregional, donde está Taiwán y ahora Corea del Sur, la dificultad puede ser cuando decida aplicar a fondos que el BCIE recibe de países europeos y asiáticos para que sean entregados en créditos a los socios.
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“Estos fondos tienen condiciones que el dueño pone en el contrato de préstamo que firma con el BCIE. Y si alguna de las condiciones tiene que ver con el tema del respeto de los derechos humanos no se podrían disponer por parte del BCIE para atender solicitudes de Nicaragua, ya que se estaría en contradicción con lo pactado”, indica una de las fuentes que prefiere no ser citada.
Alrededor del setenta por ciento de la inversión pública en Nicaragua depende del financiamiento de organismos multilaterales.
El exembajador de Nicaragua en Washington, Carlos Tünnermann Bernheim, no ve posibilidad de que el régimen de Ortega logre derribar el bloqueo que Estados Unidos y otros países como Costa Rica y Panamá impondrán en los organismos multilaterales a todo financiamiento a Nicaragua.
Sobre los fondos del BCIE, explicó que si bien EE.UU. no es socio del BCIE, cree que Ortega tampoco ahí tendría el camino fácil para obtener recursos, porque “hay estados que son miembros del Grupo de Trabajo conformado en la OEA que son observadores o socios en el BCIE, los cuales actuarán conforme la Carta Democrática y van a bloquear todo préstamo” al país.
“Ahí está Costa Rica y Panamá que han asumido una posición firme contra el régimen de Ortega, y aún es incógnita cuál sería la respuesta de Honduras y Guatemala, pero el informe del GIEI les pone en dificultad a esos gobiernos porque si deciden votar en el BCIE a favor del financiamiento a Ortega, esos gobiernos podrían provocar reclamos de sus ciudadanos al ver que se respalda a un régimen que comete delitos de lesa humanidad”, dijo Tünnermann.
Además la OEA enviará el informe del GIEI a Naciones Unidas y a la Unión Europea. El exembajador Tünnermann refiere que con la Unión Europea se buscaría que además de sanciones diplomáticas haya medidas económicas a Nicaragua.
Población, la más afectada
De llegar a materializarse la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua y por ende el impacto económico, el embajador de Costa Rica ante ese órgano en 2005 y 2007, Javier Sancho, admite que además de Ortega el pueblo nicaragüenses pagará las consecuencias.
“Las consecuencias van a ser una mayor dificultad para Nicaragua, para navegar, para decirlo de alguna forma en el ámbito internacional, representará un aislamiento absoluto para Nicaragua desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista económico, se deberán de dar una serie de situaciones que posiblemente van a afectar el día a día de las personas”, refirió Sancho quien entre 2012 y 2016 también fue embajador de Costa Rica en Nicaragua.
El panorama negativo que aprecia Sancho, se refiere a que Nicaragua “se verá imposibilitado a acceder a recursos económicos como los del Banco Interamericano de Desarrollo, posiblemente viene un aislamiento”.
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Al tiempo que no descarta que algunos gobiernos adopten algún tipo de medidas, como no permitir el ingreso de ciudadanos de Nicaragua u otras acciones “que ya los países podrían tomar de forma unilateral”.