El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) pidió al régimen de Daniel Ortega que indemnice y repare la situación de 18 excarcelados, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, a quienes el régimen tuvo presos seis meses por reportar la represión contra las protestas civiles en 2018, a través del canal de televisión 100% Noticias. La ONU también solicitó al Estado de Nicaragua que le permita realizar una visita oficial al país, informó este lunes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a través de un comunicado.
El grupo de trabajo de la ONU determinó que hubo detención arbitraria en contra de los periodistas Mora y Pineda. En diciembre de 2018, el régimen de Ortega allanó la sede del canal 100% Noticias, propiedad de Mora, que se mantiene tomada por la Policía Orteguista (PO) hasta el día de hoy.
Banda de los aguadores
LA PRENSA/ M.VÁSQUEZ
Los 16 excarcelados restantes estuvieron presos en 2019 por llevar agua a la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya. Este grupo de opositores, detenidos por la Policía Orteguista (PO) el 14 de noviembre de 2019, fue bautizado como la “banda de los aguadores”, porque su delito fue llevar agua y medicamentos a las madres y familiares de presos políticos que estaban haciendo huelga de hambre por la liberación de sus hijos en la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya.
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La opinión del Grupo de Trabajo de la ONU, aprobada el pasado primero de mayo, “concluye que dicha detención fue arbitraria y pide al Gobierno de Nicaragua que remedie la situación de los activistas, incluyendo libertad plena y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparaciones”.
Esta opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue solicitada por el Cenidh, la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) en diciembre de 2019. El Cenidh detalla en el comunicado que unos días después de la solicitud, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió al Gobierno de Nicaragua que suministrase información sobre la situación de los 16 activistas, para contrastar la denuncia, pero el régimen no respondió.
Los 16 detenidos
Los opositores detenidos fueron: Amaya Coppens, Hanzel Quintero, Jesús Tefel, Ivania Álvarez, Roberto Büschting, Neyma Hernández, Wendy Juárez, José Medina, Atahualpa Quintero, Olama Hurtado, Melvin Peralta, Olga Valle, Derlis Hernández, Wilfredo Brenes, Jordan Lanzas y Marvin López. El grupo de la “banda de los aguadores” estuvo preso 46 días. Fueron excarcelados a finales de diciembre bajo condición de casa por cárcel, junto a un grupo más numeroso de presos políticos, por quienes protestaban demandando su libertad. Wilfredo Brenes fue detenido de nuevo y sigue preso.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria determinó que no hubo fundamento jurídico que justificara su detención: “Al momento del arresto, los policías no informaron los motivos del mismo ni mostraron orden judicial, y las personas no cometieron ningún delito en flagrancia”. También “se faltó a la base legal al imponer automáticamente prisión preventiva a las 16 personas, sin examinar caso por caso su necesidad”, entre otras injusticias que se cometieron en el arresto.
Piden libertad plena
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria consideró que el remedio adecuado de parte del Gobierno de Nicaragua sería poner a los 16 activistas en libertad plena y concederles el derecho a medidas de reparación.
El Grupo de Trabajo además instó al gobierno de Ortega “que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la detención y que adopte medidas pertinentes contra los responsables de la violación de los derechos de los detenidos arbitrariamente”.
Piden visita oficial
Finalmente, el Grupo de Trabajo sugirió al Gobierno que considere permitirle llevar a cabo una visita oficial al país, y solicitó que se provea la información de seguimiento al caso en seis meses.
Desde finales de 2018, el régimen de Ortega ha expulsado a los organismos de defensa de derechos humanos y no responde a los solicitudes para entrar al país, como parte de la radicalización de su régimen dictatorial.