CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.En dos minutos y medio tres hombres entraron a una tienda, encañonaron al guarda de seguridad y amenazaron a los clientes con revólveres. Todos se lanzaron al suelo, mientras un asaltante saqueó la caja, otro estaba alerta de la entrada y el último, con casco de motocicleta azul, se paseó con un arma vigilando a los trabajadores y compradores.
Este asalto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la tienda Super Express, del barrio San Judas, de Managua, a las ocho de la noche del 9 de julio de este año. Siete días después, a las cuatro y media de la madrugada, los mismos tres asaltantes robaron un taxi, número de placas M-21223, a un hombre de 61 años de edad, en el anexo Villa Fraternidad, también de la capital.
“A través de entrevistas, trabajo de campo y criminalística, los investigadores policiales identificaron y capturaron a los delincuentes”, dijo el comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe policial de Managua, el 22 de julio cuando presentó a Abner Joel Romero Pérez, alias el Chojo, líder de la banda, y José Luis Morales Sánchez, alias la Cabra, como los supuestos responsables de estos asaltos.
Después de hacer énfasis en que José Ramón López era el único prófugo de esta agrupación delincuencial, el comisionado Gutiérrez informó que durante el operativo se les ocupó una escopeta con cuatro municiones calibre 12, un revólver 38 y 5 balas de pistola nueve milímetros.
El caso de esta banda ilustra a cabalidad el aumento de asaltos, la presencia de armas de fuego y la actividad creciente de agrupaciones delincuenciales en los últimos meses en Nicaragua, según los datos que obtuvo LA PRENSA después de analizar 31 notas de prensa de la Policía Nacional sobre la actividad delictiva semanal, en el período de entre el 30 de diciembre de 2019 y el 2 de agosto de 2020.
La Policía Nacional no recibe ni da entrevistas a los periodistas independientes. Desde el 18 de abril de 2018, cuando empezaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, esta institución se ha convertido en un órgano represivo contra los medios de comunicación que cubren la crisis política en Nicaragua, lo cual ha sido condenado por organismos de derechos humanos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 5 de marzo la Policía fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante estos dos años. Esta sanción fue una acción inédita de la Administración de Donald Trump contra una institución que se supone es la encargada de brindar seguridad a los ciudadanos de un país.
Lea también: Delincuentes matan a comerciante del mercado Oriental en asalto mañanero
Todos los lunes, los comisionados de la Policía, Sergio Gutiérrez y Fernando Borge, leen un informe semanal de los “resultados en el enfrentamiento a la delincuencia” a los medios de comunicación oficialistas, cuyos datos quedan registrados en su página web.
Así es como LA PRENSA pudo comprobar que en el período de entre el 5 de enero y el 2 de agosto el cuerpo de seguridad ha incautado 469 armas de fuego, cuando el promedio de los últimos tres años ha sido de 222.3. Esto significa un aumento del 111 por ciento, y todavía faltan 22 semanas para que termine el año.
Otro registro que destaca son los detenidos por robos con intimidación, como el Chojo y la Cabra, que se han incrementado en las últimas cuatro semanas. La información obtenida por LA PRENSA indica que en las últimas ocho semanas, entre el 8 de junio y el 2 de agosto, hubo 483 personas detenidas por cometer este delito, mientras que durante las ocho semanas anteriores a que llegara la epidemia del coronavirus a Nicaragua, entre el 27 de enero y el 22 de marzo, se registraron 282 personas detenidas por robos con intimidación. Este aumento del 71 por ciento podría explicar el repunte delincuencial de las últimas semanas.
Los datos también revelan que 22 bandas delincuenciales fueron desarticuladas durante 210 días. De ellas, la Policía logró capturar a 77 miembros. No obstante, esto quiere decir que hasta hace siete meses estas agrupaciones delincuenciales y las decenas de miembros organizados operaban en el país.
Al Chojo y la Cabra, ambos con antecedentes delictivos de robos con intimidación y violencia, los testigos los reconocieron como los autores del asalto a la tienda Super Express, de San Judas. Sin embargo, los peritos destacaron que en sus manos y dorsales tenían productos nitrados, pólvora y confirmaron que las armas de fuego que se les ocuparon habían sido recién detonadas.
Policía armó a paramilitares
Antes de la crisis política de 2018, la Policía Nacional tenía un eslogan repetido durante varios años: “Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica”. El argumento más sólido para sostener esta afirmación era un informe publicado por Naciones Unidas, cuyo parámetro principal eran las estadísticas de homicidios por cada 100 mil habitantes, en el cual este país tenía la cifras más bajas.
De hecho en las estadísticas del Banco Mundial hasta 2017, Nicaragua aparece con 7 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja de la región. Panamá (10) y Costa Rica (12) no están lejos. Sin embargo, los vecinos del triángulo norte: Honduras (42), El Salvador (17) y Guatemala (26) tienen los registros más altos del continente.
Sin embargo, desde el año 2018 Nicaragua vive una crisis política y económica cuya consecuencia principal ha sido el incremento de la delincuencia, según especialistas en seguridad consultados para este reportaje.
El año pasado la Policía registró 515 denuncias por homicidios, de las cuales resolvió 389, para una efectividad del 75.5%. Entre el 5 de enero y el 2 de agosto de 2020 se capturó a 159 personas por homicidio, de las cuales 29 fueron por asesinatos, tres por femicidios y uno por parricidio. Si se sigue el mismo patrón de efectividad del año pasado, las denuncias por homicidio en este período deberían ser de aproximadamente 200 casos.
El consultor civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad, Roberto Cajina, considera que las estadísticas de la Policía son manipuladas para respaldar el eslogan del “país más seguro de Centroamérica”. Cajina siempre ha creído que para hacer esta afirmación se debe tomar en cuenta todo el mapa de la violencia: desde los hurtos menores, los robos con intimidación, hasta los asesinatos.
Después de revisar la información que obtuvo este Diario, Cajina considera que los datos de los robos con intimidación reflejan que “hay una tendencia creciente y sustancial de la actividad delictiva”.
Lea además: Delincuentes en moto matan a joven de 21 años en Monseñor Lezcano
Cajina explica este incremento delincuencial con el siguiente escenario: a la delincuencia común que existía en Nicaragua se han añadido los paramilitares que armó el Estado y bañó de impunidad para aplacar los ciudadanos que protestaban contra el Gobierno, y las excarcelaciones masivas que se han dado en los últimos meses. “Cuando la población delincuencial aumenta, los crímenes o delitos también aumentan en una sociedad”, dice Cajina.
La socióloga e investigadora Elvira Cuadra considera que el factor más importante que incide en el incremento de la violencia es que la Policía Nacional pasó de ser una institución encargada de brindar seguridad, para convertirse en un aparato que está más dedicado a las acciones de represión. “La Policía ha hecho a un lado sus misiones y funciones según lo establecido en la ley”, agrega.
Ambos especialistas atribuyen el aumento de armas de fuego a la presencia de paramilitares desde 2018. Las estadísticas los respaldan: en 2017, un año antes de la rebelión, se incautaron 178 armas, mientras que en 31 semanas de este año 2020 se han incautado 469. “Los grupos paramilitares están usando ese tipo de armamentos”, dice Cuadra.
LAPRENSA/Óscar Navarrete
Para Cajina no existe otra explicación para este incremento de armas de fuego. “Hay una cantidad de esas armas que le dio la misma Policía a los paramilitares. Es la única forma que explica que de la noche a la mañana crezca la presencia de armas ilícitas”, dice el experto, y agrega: “Es parte de la herencia nefasta que el régimen Ortega Murillo le va a dejar a Nicaragua: policías entrenados y paramilitares con impunidad”.
En cuanto a la liberación de reos comunes, este Diario registró la liberación de 7,292 personas, según las notas de prensa del Sistema Penitenciario Nacional y otras fuentes públicas. En total se han realizado cuatro liberaciones masivas. En la que menos liberados hubo fue en la del 14 de febrero, con 1,172, mientras que la más grande fue la del 13 de mayo: 2,815 liberaciones. Los únicos meses que no registran excarcelaciones masivas son enero y junio y los siete primeros días del mes de agosto.
“Aunque no todos los liberados están cometiendo delitos, una parte de ellos sí, entonces se agrega como uno de los factores de riesgo”, dice Cuadra.
En un caserío del departamento de Rivas, al sur del país, el 9 de junio de este año, Juan José Morales junto a Henry Espinoza asesinaron a cuchilladas a José María Valle, de 77 años de edad, y golpearon a su esposa, Cándida Rosa González, de 67 años de edad, solo porque esta pareja les pidió que le bajaran a la música que tenían a alto volumen a medianoche.
Con el cachete derecho amoratado, Cándida González relató que los agresores acuchillaron a su esposo en el abdomen, cuello y tórax. Antes de huir en la motocicleta realizaron disparos. Henry Espinoza había salido recientemente de la cárcel por un indulto presidencial. Ese día celebraba haber recuperado su libertad.
“Tentados a delinquir”
Para poder hablar con el Asiático —un reo común que hace menos de un mes fue liberado—, me pide que caminemos. Cerca de su casa existen muchos fanáticos del Frente Sandinista, partido de gobierno, y su esposa e hijos todavía tienen temor de que vuelva a ser capturado o sea víctima de una venganza personal.
El Asiático tiene más de 50 años, el rostro todavía cansado de los días de celda. Estuvo seis meses en prisión por lo que dice fue una confusión que lo implicaba como autor de un delito —que no detallamos porque podría ser una pista para encontrarlo—. Fue presentado como delincuente y formó parte de la solución del caso, pero meses después un juez confirmó su inocencia.
“Con mi caso la Policía quedó como eficiente al resolver una denuncia y las víctimas también quedaron satisfechas porque supuestamente se hizo justicia”, dice el Asiático, y confirma que mientras estuvo detenido en un distrito de Managua, la Policía presentó a un muchacho compañero de su celda durante dos semanas diferentes como si había sido recién capturado en las dos ocasiones. “A los presos que están en los distritos, nosotros sabemos que los sacan los lunes para presentarlos en Plaza El Sol (la sede principal de la Policía Nacional) para mostrar eficacia en sus operativos, pero muchos son los mismos que están detenidos”, agrega.
Una de las incongruencias de la Policía que se encontró en sus registros fue que el 3 de febrero confirmó la desarticulación de la agrupación delincuencial Jacobo, autores de un robo a mano armada de una camioneta Toyota el 26 de enero. En esa ocasión presentaron a Jacobo Leiva, como líder de la banda, y John Zeas Taylor. Confirmaron que los únicos prófugos eran Alexander Castellón y Álvaro Zúniga. Sin embargo, 14 días después presentaron a Jackson Cruz como integrante de la misma agrupación, aunque no se le había mencionado en la primera investigación.
Aunque el Asiático no fue liberado por un indulto presidencial, él no está de acuerdo en que se piense que el incremento de la delincuencia en estos meses se deba a los recién liberados. “No digo que los reos salgamos santos, pero creo que la mayoría sale para aprovechar la oportunidad que le están brindando de comenzar otra vez”, dice el exreo.
Para el Asiático el problema es que las autoridades dejan en libertad a las personas sin un programa de reinserción social y en medio de un contexto difícil, con una crisis política y económica agravada por la epidemia del coronavirus. “Los reos salen y no tienen oportunidades afuera, entonces se ven tentados de volver a delinquir”, dice este hombre, quien para mantener a su familia desde hace años se dedica a conducir un taxi.
El Fondo Monetario Internacional pronosticó para Nicaragua una contracción económica del 6 por ciento para este año 2020. Esto significa disminución de las remesas y aumento del desempleo. La especialista en seguridad, Elvira Cuadra, considera que el actual contexto de la pandemia ha producido un agravamiento de la crisis económica que impacta en mayores índices de violencia.
“Esto va a significar aumento de la violencia, pero quiero hacer la advertencia de que no tiene que ver directamente con el aumento de la pobreza, sino con todos los elementos que convergen en este momento (Policía dedicada a la represión, paramilitares con impunidad, liberación de presos comunes y crisis económica)”, dice Cuadra.
El pasado miércoles 29 de julio, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que los empresarios están preocupados por el aumento de la inseguridad en Nicaragua, en particular en las zonas turísticas del país. Además señaló que desde hace un mes están ocurriendo asaltos a camiones que distribuyen productos de consumo.
“Hemos visto el llamado desde la sociedad civil para la liberación de los presos políticos, pero por otro lado hemos visto salir a miles de presos comunes, que de alguna manera esto puede tener una incidencia en esto que estamos denunciando”, dijo Aguerri.
Ese mismo día fue acusado ante un juzgado de Managua un hombre con las iniciales F.J.M.M., de 33 años, de edad por haber violado a su propio hermano de 26 años de edad. El acusado en mayo de este año había sido liberado por un indulto y durante la acusación dijo no tener pruebas para defenderse. “No llamen a mi familia porque ellos quieren que yo muera aquí (en la cárcel)”, agregó.
LAPRENSA/Tomada de El 19 digital
Desde el año 2013 la Corte Suprema de Justicia emitió una circular en la que estableció que las personas condenadas por delitos sexuales contra niños no aplican para beneficios de suspensión de la pena. Los delitos que tuvieran que ver con droga, crimen organizado, sexuales, robos agravados, con intimidación y violencia deben cumplir las tres cuartas partes de la condena para conceder algún beneficio.
Roberto Cajina, consultor en Seguridad, considera que muchas de las liberaciones no cumplen con la ley de excarcelación. “Gente que no había cumplido ni la mitad de su condena y tenía delitos como homicidio y asesinatos fueron liberados”, agrega Cajina.
La primera vez que visitamos al Asiático no pudimos hablar porque iba camino a la iglesia evangélica en la que se congrega desde antes de caer preso. La crisis económica también lo ha golpeado. A veces acaba el turno del taxi con lo justo para poder comer con su familia. Es por eso que hoy, después de despedirse se va a comprar la carne de cerdo para preparar unos nacatamales que venderá este fin de semana.