Un estudio del Observatorio pro Transparencia y Anticorrupción, sobre la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621) y la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento (Ley 737), confirmó el limitado acceso a la información pública en los ministerios, el uso de las páginas web institucionales para divulgar propaganda política del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el incumplimiento a la ley de contrataciones y compras “exorbitantes de café y azúcar” de parte de la entidad que debe vigilar la eficiencia en el uso de los recursos públicos: la Contraloría General de la República (CGR).
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La CGR es el ente fiscalizador de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, pero el estudio señala que realiza un trabajo “deficiente”, “tiene una política de opacidad” y “no brinda suficiente información”.
Gastos exorbitantes en café y azúcar
El reporte de la investigación señala que “el PAC (Programa Anual de Contrataciones) 2020 de la CGR refleja que la institución adquiere productos inusuales tales como café, azúcar, medicamentos y productos farmacéuticos, materiales y suministros odontológicos, adquisición de calzados”.
“Existen compras donde los montos son demasiado elevados entre ellos el café (C$300,000.00), el azúcar (C$60,000.00). El rol principal de la Contraloría es la fiscalización de los recursos públicos. En el Informe de gestión anual 2018, la CGR informó que solo alcanzaron el 73 por ciento de Cobertura, quedando pendiente el 27 por ciento que debería ser logrado con los gastos exorbitantes utilizados para la compra café y azúcar que realiza la institución”, detalla el reporte de la investigación.
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De manera física los investigadores entregaron una carta solicitando información a la CGR y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). La CGR respondió que debían solicitar información en el MHCP, mientras que esta última institución ni siquiera contestó.
“La información proporcionada por la Contraloría General de la República en relación a las contrataciones es limitada”. Es más cuantitativa. Proceden de esa forma porque dar más información implicaría cuestionar el rol que están realizando ellos en el tema de contrataciones, que desde el punto de vista de la experta en temas de contrataciones Dayra Valle: “el rol es deficiente”. La Contraloría General de la República tiene una política de opacidad, no se brinda suficiente información”, valora en sus conclusiones el estudio.
CGR, institución de fachada
La abogada experta en temas de transparencia pública, Martha Molina, quien encabezó el estudio del Observatorio con un equipo de investigadores y lo presentó este jueves a través de una conferencia de prensa virtual, además observó que en la página web de la CGR “los enlaces para la búsqueda de información no están disponibles”.
La Ley de Acceso a la Información Pública establece en su artículo 20 que “las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, a través de la página web, por los menos, la información anual de actividades que incluirá un resumen de los resultados de las solicitudes de acceso a la información pública”.
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Molina manifestó que la CGR es “ineficiente e ineficaz”. “Anualmente involuciona en su trabajo. Incumple no solo con la ley de Contrataciones y la Ley de Acceso a la información pública, sino también con su Ley Orgánica. Es una institución de fachada que genera gastos sin resultado alguno. No controla, ni fiscaliza los bienes y recursos del Estado”, aseguró la investigadora.
Para este estudio, el Observatorio pro Transparencia y Anticorrupción revisó 16 ministerios públicos y el Ejército de Nicaragua. De las 17 instituciones analizadas solo se pudo tener acceso a los anuarios de gestión anual del Ejército de Nicaragua y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El resto no posee esa información en sus sitios web y tampoco respondieron los correos electrónicos para adjuntar el informe de gestión anual o anuario de la institución.
Los ministerios estudiados fueron:
Ministerio de Gobernación;
Ministerio de Relaciones Exteriores;
Ministerio de Defensa;
Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio;
Ministerio de Educación; Ministerio Agropecuario;
Ministerio de Transporte e Infraestructura;
Ministerio de Salud; Ministerio del Trabajo;
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales;
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez;
Ministerio de Energía y Minas;
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa;
Ministerio de la Mujer;
Ministerio de la Juventud;
Ejército de Nicaragua.
“Se evidencia que el Acceso a la información pública no es una prioridad para las instituciones analizadas. No hay voluntad política para cumplir con la Ley de Acceso a la Información pública”, concluye el estudio.