En un nuevo intento por violentar el derecho a la libertad de expresión, el régimen de Daniel Ortega a través de la bancada de diputados sandinistas propuso ante la Asamblea Nacional la creación de la Ley Especial de Ciberdelitos que busca castigar a los nicaragüenses que se manifiesten en las redes sociales. La iniciativa busca criminalizar las publicaciones como delitos contra la «seguridad del Estado», con penas entre uno y ocho años de cárcel.
Aquí te explicamos el alcance que podría llegar a tener la ley.
1- Publicaciones en redes sociales y medios de comunicación
Según la iniciativa, será castigada toda persona que publique o difunda información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en un grupo de la población, a una persona o su familia con dos a cuatro años de prisión y 300 a 500 días multa.
El régimen de Daniel Ortega ha recrudecido la persecución, a partir de 2018, a las personas que denuncian la violación de los derechos humanos o situaciones arbitrarias a través de las redes sociales o medios de comunicación. El mismo régimen ha calificado estas denuncias como noticias falsas. Rosario Murillo, vicepresidenta designada, asegura que este tipo de información busca desestabilizar el país, tal como ocurrió con el inicio de la pandemia del Covid-19 cuando los pobladores reportaban la muerte de sus familiares por síntomas de la enfermedad, mientras el Ministerio de Salud reportaba pocos casos de contagios y muertes.
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El abogado José Pallais asegura que con esta ley es clara la intención de asegurarse que los ciudadanos, los medios de comunicación y todo aquel que maneja información en su derecho constitucional de hacerlo, se vea restringido por el temor a la persecución y por el temor a que sus bienes de trabajo sean privado.
“El Estado totalitario, el régimen totalitario, como es el de Ortega -Murillo, perfectamente va a poder perseguir a un ciudadano que en su red social denuncie un abuso, destaca la comisión de un delito o un acto de corrupción, por qué, porque van a decir, el Ministerio Público va a decir es falso, entonces todo es falso para ellos o tergiversado”, dice.
La iniciativa de Ley señala que si la publicación o difusión de la información incita al odio y la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana se le impondrá una pena de 3 a 5 años y entre 500 y 800 días multa.
El jurista señala que el régimen de Daniel Ortega ha convertido “el derecho ciudadano a oponerse, el derecho ciudadano a criticar, el derecho ciudadano a protestar en un sentimiento que ellos creen que es por odio. Bajo ese concepto, todo ejercicio de derecho constitucional puede ser, a través de esta ley y de las otras leyes de este paquete totalitario, puede ser restringido, perseguido”.
2. Divulgar información sobre terceras personas
Esta ley busca castigar con uno a cuatro años de prisión a toda persona que amenace a otra haciendo uso de las tecnologías de la información y que provoque un mal en la persona o su familia; o haga señalamientos contra el honor o el prestigio, así como violar o divulgar secretos.
Después de la revuelta social de 2018, los ciudadanos opositores han denunciado y documentado las amenazas de muerte que han recibido por parte de simpatizantes orteguistas a través de las redes sociales, sin embargo, el régimen no ha hecho nada por proteger la seguridad e integridad de estos ciudadanos. Además la ley busca castigar a quien amenace y atemorice a una población, grupo étnico, cultural o religioso con cuatro a seis años de cárcel.
3. Incitar y promover la comisión de delitos
Con tres a cinco años y 200 a 500 días multa será castigada la persona que “incite, instigue, provoque o promueva la comisión de delitos, ensalce el crimen o enaltezca a su autor o partícipes o se lo adjudique”. A través de las redes sociales los simpatizantes orteguistas han instado y celebrado las violaciones de derechos humanos cometidas contra los opositores al régimen.
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Sobre si esta ley busca alcanzar a los exiliados políticos usando el mecanismo de la extradición, Pallais asegura que no es tan fácil ya que la extradición está muy bien regulada en el derecho internacional, bien establecida en tratados internacionales, en la jurisprudencia internacional y prevé muchos mecanismos para defenderse del abuso de los regímenes totalitarios como el de los Ortega – Murillo.
“No basta con decir este cometió un delito hay que llenar una serie de requisitos, por ejemplo, que también sea delito en el país donde está residiendo. Ellos pueden decirlo, pero en regímenes democráticos donde funciona el Estado de Derecho como en Estados Unidos, España, Costa Rica, difícilmente van a poder que prospere esa persecución a través de la extradición”, explica.
4. Acceso y difusión de información pública reservada
Toda persona que acceda sin autorización a un programa y difunda información que esté almacenada en este será castigado con 2 a 4 años de prisión y 300 – 500 días multa.
Recientemente el equipo de hackers Anonymous accedió al sistema del Ministerio de Salud y filtró informes sobre la situación del Covid-19 en el país, que revelaron el ocultamiento de la información en el manejo de la pandemia.
Pallais asegura que contrario a lo que mandata la Ley de Acceso a la Información Pública de que todo tiene que ser transparente y que solamente la información que es reservada no puede hacerse del conocimiento público, ahora confunden el concepto de información privada y dicen que todo es información personal. “Están ampliando la magnitud de lo que puede comunicarse y lo que no puede comunicarse; y al consignar el artículo 30 la facultad de sancionar por todo aquello que consideran ellos falso o que tergiversa la información”, puntualiza.