La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en un comunicado de prensa de mayo de este año sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia del Covid-19 y mandó a los estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios. Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, indica que lejos de proteger a este sector el régimen de Daniel Ortega está causando un desplazamiento forzado e irrespetando las leyes que protegen a estas comunidades.
“La Comisión ha advertido a los Estados en distintas oportunidades sobre los riesgos crecientes que afrontan los pueblos indígenas en la región, especialmente, respecto a los conflictos territoriales y ambientales asociados a las actividades extractivas, los cuales, a su vez, inciden directamente en el derecho a la alimentación, al agua y a la salud. Asimismo, la Comisión reconoce el papel de los pueblos indígenas en la protección de la naturaleza y recuerda la especial relación de estos colectivos con sus territorios y recursos naturales, un vínculo fundamental para la propia existencia de estos pueblos. En base a todo lo anterior, y tomando en consideración el contexto actual de excepcionalidad, la CIDH expresa su más profunda preocupación por los impactos de la pandemia de COVID-19 sobre los pueblos indígenas”, inicia el comunicado.
Guadamuz comenta que las poblaciones indígenas, afrodescendientes en Nicaragua se han visto enfrentadas a distintos escenarios. Uno antes del 2018, relacionado con la titulación de tierras indígenas, estancado en el proceso de saneamiento, que tenía que ver con la Ley 445 “Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
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“En este contexto del 2018 teníamos las dificultades de que el gobierno y el partido FSLN ya había presentado un proceso de injerencia arbitraria en el proceso de autodeterminación de los pueblos indígenas, violentando la Ley 445, al imponer y nombrar juntas o gobiernos territoriales indígenas que prácticamente no fueron electos en el seno de las comunidades. También el consejo regional en este sentido había participado como un órgano represor al no reconocer los gobiernos, las autoridades indígenas electas en el seno de estas comunidades y titulando y nombrando a las juntas dispuestas por el partido de gobierno que autorizaron de forma ilegítima, ilegal y arbitraria, procesos de expropiación de los territorios indígenas y la depredación forestal”, indica el defensor de derechos humanos.
Añade que estas autoridades impuestas han venido a funcionar de manera organizada dentro del sistema de propaganda del gobierno. “Cada vez que el gobierno va a violentar los derechos de las comunidades indígenas, ya sea sacando madera, hemos observado en las distintas celebraciones que se hacen en la costa caribe, cómo el Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragüense (Magfor) se publicita, se propaganda, se hace ver en la zona. Sin embargo, es el Magfor quien ha venido otorgando, autorizando los procesos de despale que ha venido sufriendo la comunidad”, dice.
Violencia contra comunidades indígenas anterior al 2018
Aunque las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas se han agravado a partir del Covid-19, como indica la CIDH, ya son años luchando por sus derechos fundamentales.
“Tenemos el proceso de expropiación de tierra con la situación ambiental. Sabemos que Nicaragua se encuentra en una posición muy vulnerable a los efectos del cambio climático y hemos visto en los últimos años la severidad con la que el medio ambiente nos ha estado afectando. Hemos visto la sequía, el invierno, incendio e inundaciones”, remarca Guadamuz.
Suma a las afectaciones ambientales los desplazamientos forzados que experimentan las comunidades indígenas por no tener la seguridad de sembrar en sus tierras. “Se han estado desplazando a comunidades cercanas y ante la desprotección de las autoridades nacionales y regionales por cuanto lo vimos recientemente cómo los gobiernos el GTI, el gobierno territorial rama creole, este gobierno indígena fue reprimido por el ejército, no respetando los derechos de las comunidades, invadiendo y violentando además la autodeterminación de los pueblos indígenas que se han ganado en la historia, en la constitución política mediante un proceso igual violento que vivió Nicaragua en la década de los 80 y previo al 79”, señala.
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Finaliza diciendo que con la misma velocidad que avanza la violencia en las regiones indígenas lo hace la desforestación, la frontera agrícola y la colonización. En el sentido de que poco a poco están siendo desplazados de sus territorios, con lo que eso implica.
“Los abusos, la desinformación es una herramienta que tiene el régimen y naturalmente no dar la información en su lengua, en su idioma es parte de la estrategia de colonización. Las comunidades indígenas se enfrentan a un contexto verdaderamente hostil de parte de la Procuraduría General de la República. Ellos sugieren que hay conflictos interétnicos, pero la verdad es que son tomas de tierra, desplazamientos forzados y como estado vienen a titular de forma corrupta”, afirma Guadamuz.