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Según datos de Migración y extranjería de Costa Rica, en el año 2019 ingresaron a Nicaragua 57, 352 nacionales, únicamente en diciembre, para visitar a sus familias en las fiestas navideñas y de fin de año, sin embargo, en 2020 la movilización de la mayoría de los nicaragüenses residente en el país vecino hacía nuestro país no pudo ser posible, por las restricciones impuestas por la pandemia y los altos gastos que implica trasladarse entre ambos países.
El derecho a la movilidad, contemplado en instrumentos claves como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, y el derecho a la familia, son dos derechos fundamentales que se violan a los y las nicaragüenses que no pudieron gozar el reencuentro familiar este año.
“El tema de tener acceso a la familia, a los vínculos familiares, tener una vivienda digna, incluso el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable, es parte de lo que se llama proyecto de vida digna, entonces se está violentando este proyecto de vida digna, donde no existen estos elementos necesarios”, explicó Braulio Abarca, defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
Pues debido a la pandemia Costa Rica permanece con su fronteras terrestres cerradas para ingreso de turistas, los consulados en Nicaragua no están atendiendo solicitudes de visas, únicamente permiten el ingreso de sus ciudadanos y residentes, estos últimos además de demostrar su estatus migratorio, deberán presentar un seguro médico y seguro por estadía en caso de que la persona se contagie con Covid-19 mientras está en el país vecino.
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Y por su lado Nicaragua, solicita la realización de prueba de Covid-19 con resultado negativo para poder ingresar y salir del país, por la cual se deben pagar US$150 dólares americanos. Todos estos requisitos, junto a los gastos de traslado han hecho imposible el reencuentro familiar este 2020, pues únicamente han podido viajar nicaragüenses que tengan ciudadanía o residencia costarricense y cuenten con un seguro en el vecino país que le permita volver a ingresar.
Abarca cree necesario que se elaboren mecanismos específicos para reunir a las familias, pues esta separación también afecta los derechos de la niñez y adolescencia cuyos padres laboran en el vecino país y usualmente los visitan a final del año.
“El tema de que usualmente las madres nicaragüenses vienen a Costa Rica a trabajar en servicios domésticos y siempre regresan en estas fechas, trae tranquilidad, bienestar, cercanía a las niñas y los niños, y lamentablemente al no tener esto, se crea un desbalance, se crea una inestabilidad emocional a la niñez”, dijo Abarca.
Pandemia retrasa procesos de solicitantes de refugio en Costa Rica
Según la Agencia de la ONU para refugiados más de 100 mil nicaragüenses han huido del país desde el inicio de la represión de la dictadura, siendo Costa Rica el principal destino de estos.
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Por esta razón miles de nicaragüenses son solicitantes de refugio en el país vecino, sin embargo este 2020 se han enfrentado al obstáculo del retraso en sus procesos migratorio debido a la pandemia.
“Algo que estamos viviendo actualmente, producto de la pandemia es el retraso en los trámites del proceso de refugio, personas que tenían cita en diciembre, la tienen ahora hasta en agosto o septiembre del año que viene, ha habido un fuerte retraso que pareciera que se resuelve con la renovación del carnet, pero no es así”, expresó el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, también miembro del Colectivo, durante un webinar sobre migración.
“Es una situación absurda e inesperada, más de seis meses de espera. Es decir, los procesos en lugar de simplificarlos fueron lamentablemente extendidos y retrasados…los carnet de solicitud de refugio que están ya vencidos se les dio una prórroga para poderlos validar hasta el 31 de enero del 2021, pero las instituciones bancarias, la seguridad pública o incluso el tema del acceso a la salud o al ministerio de hacienda, con el carnet vencido a veces no se puede entrar, aunque haya un ordenamiento, un decreto de migración donde extiende la vigencia de los carnets”, añadió Braulio Abarca.
Así mismo, Byron Cárdenas, de la Oficina Regional de CA de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), señaló que los países de acogida deben de recordar que las personas viajan con sus derechos por tanto los estados deben garantizar y proteger sus derechos.
Además, dijo que es importante también “destacar que las personas migrantes son sujetos de cambio, son personas que aportan a la sociedad, que también se integran en distintos aspectos de la vida económica de un país, contribuyen en distintos rubros y es muy particular la situación de los nicaragüenses en Costa Rica, como ya por mucho tiempo han venido en ese flujo migratorio, ofreciendo distintos aportes a la sociedad costarricense, como a la nicaragüense”, afirmó Cárdenas.