Al desvincular a un pueblo de su territorio se les deja en una situación precaria, particularmente en el tema de alimentación y vivienda, afirmó Lottie Cunningham, presidenta del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
“En 2020 se contabilizaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad. Esto para un total de 49 indígenas asesinados, 52 lesionados, 46 secuestros y cuatro indígenas desaparecidos desde 2011”, detalló Cunningham al hablar de la violación de los derechos de las comunidades indígenas de Nicaragua.
Lea también: Lottie Cunningham: “Perdono para olvidar”
Añadió que producto de la violencia se estima que tres mil indígenas del pueblo miskito se encuentran desplazados forzosamente en otras comunidades y cabeceras municipales, así como en comunidades fronterizas de Honduras.
“Estas agresiones son cometidas por actores no estatales bajo la anuencia estatal. Primero por la impunidad que gozan los perpetradores en tanto las amenazas, agresiones, asesinatos y desplazamiento forzosos no han sido investigados y por lo tanto los responsables materiales e intelectuales nunca son enjuiciados”, remarcó la defensora de derechos humanos.
Fenómenos naturales agravan situación de pueblos indígenas
Comentó que esta situación de violación de derechos humanos se agrava por los fenómenos naturales como huracanes.
“En segundo lugar por la depredación de recursos naturales que es alentada por el estado de Nicaragua a partir de incentivos a la industria como la minería, la explotación forestal, la ganadería extensiva y los monocultivos”, señaló Cunningham.
Lea además: Comunidades indígenas vulnerables ante pandemia y el régimen de Ortega
Pero sobre todas las cosas hizo énfasis en la falta de voluntad de las autoridades para implementar las últimas etapas de la demarcación y titulación de tierras indígenas, lo que se conoce como “saneamiento territorial”. “Pese a lo ordenado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en las medidas de protección otorgadas a 12 comunidades miskitas, en las cuales se identifica a la falta de saneamiento como una de las razones estructurales detrás de la violencia contra el pueblo miskito”, dijo.
“Al desvincular a los pueblos de su territorio se les deja en una situación particularmente precaria de alimentación y vivienda situación que adquirió un nuevo nivel de emergencia a partir del impacto de los huracanes Eta e Iota en noviembre 2020”, añadió.
Detalló que los huracanes afectaron aproximadamente a 130 mil personas y 260 comunidades de la Costa Caribe Norte, de las cuales 54 comunidades fueron impactadas de forma gravísima.
En estas 54 comunidades la población quedó sin lo básico para sobrevivir, sin vivienda, muchos sin utensilios de cocina, sin alimentación, se les contaminaron los pozos, ríos y lagunas que utilizan para consumir agua y pescar y perdieron toda la producción agrícola, incluyendo árboles frutales y animales domésticos.
Llamado comunidad internacional
La defensora de los derechos de las comunidades indígenas animó a las misiones a incluir el tema de los pueblos indígenas en una resolución sobre Nicaragua, porque “a medida que el espacio cívico y las garantías democráticas se cierran en Nicaragua, se agudiza también el despojo territorial, el patrón de violencia sistemática y generalizada contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas”.