Representantes de organizaciones defensoras de derechos de las comunidades indígenas participaron en una sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que denunciaron asesinatos, agresiones y desplazamiento forzado de las comunidades indígenas de la Costa Caribe que quedan en la impunidad, denuncias que el gobierno evadió centrando el tema en la titulación de tierras.
La sesión con el nombre de “Impacto de la colonización en territorios indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua” dio inicio con espacios para que las organizaciones defensoras de derechos humanos y el Estado de Nicaragua dieran sus puntos de vista sobre este tema.
“A lo largo de 2020 se contabilizaron al menos 13 asesinatos, 8 personas heridas en ataques armados, 2 secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría integrantes del pueblo indígena mayangna”, detalló Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica.
Comentó que también se registraron agresiones contra el pueblo miskito. “Así entre 2011 y 2021 hemos podido contabilizar 49 indígenas muertos, 53 lesionados, 46 secuestrados y 4 indígenas desaparecidos. Estimamos que la violencia ha desplazado forzosamente aproximadamente a mil personas miskitas en 12 comunidades beneficiarias de medidas de protección del sistema interamericano”, agregó Cunningham.
Remarcó que la impunidad es “prácticamente absoluta” porque el Estado no ha brindado información periódica o suficiente sobre el número o estado de estas agresiones y asesinatos.
Agresiones en línea
Clara Galeano, de la Organización Mundial Contra la Tortura, compartió datos de denuncias y aseguró que quienes defienden los derechos indígenas son víctimas de múltiples ataques, entre ellos agresiones, hostigamiento en línea y barreras burocrático-administrativas para su libre asociación.
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“Marcela Inés Posta Simón, defensora indígena, fue agredida el 26 de junio de 2019 cuando participaba en una manifestación pacífica en protesta por imposición de autoridades a su comunidad. Los tres agresores le fracturaron un brazo y le provocaron la pérdida de la visión de un ojo. Uno de los agresores es trabajador del gobierno regional en la ciudad de Bilwi. El ataque permanece en la impunidad”, afirmó Galeano.
“Nos preocupa que la presente Ley de Ciberdelitos defina tipos penales tan ambiguos para estas prácticas, generando una nueva herramienta para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos”, agregó.
En el caso de la Ley de Agentes Extranjeros y su normativa, consideró que se han formalizado barreras administrativas y burocráticas que el Gobierno ha impuesto desde hace meses para impedir el buen funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
“No obviamos que el Estado tampoco ha cumplido con su obligación de crear mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras”, finalizó Galeano.
Por su parte, María Luisa Acosta, del centro de asistencia legal a pueblos indígenas, comentó que el actuar del Gobierno y lo que sufren los pueblos indígenas es para considerarse delitos de lesa humanidad.
Estado evade tema de asesinatos
Por su parte, Wendy Morales, procuradora general de la República, pidió enfocar la sesión en el tema de legalización de tierras. Centró su intervención en lo que dice la legislación y en resaltar los avances que en el campo de titulación ha dado el Gobierno.
“El sistema de justicia penal ha conocido, procesado y condenado 18 casos vinculados a conflictos de tierras en comunidades indígenas y delitos conexos. Se acusó a 22 personas, se han realizado 8 juicios y se declaró culpables a 14 personas”, detalló Morales.
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En su intervención para responder preguntas, Morales pidió enfocar la sesión en el tema de colonización, refiriéndose a la titulación. “He escuchado que hay otros temas que han salido a luz que es entendible la preocupación, sin embargo me gustaría someter a la comisionada si podríamos enfocarnos en el tema que corresponde al impacto de la colonización en territorios indígenas de la Costa Caribe en Nicaragua para poder compartir eficientemente y eficazmente como corresponde en esta sesión”, dijo.
CIDH pide respetar la propiedad colectiva
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, sugirió que el Gobierno y la sociedad civil se pongan de acuerdo para revisar las denuncias, porque el Gobierno habla de 18 casos y las organizaciones hablan de decenas.
“El derecho de la propiedad colectiva de los pueblos no solo está ligado al saneamiento que es un tema que ya nos han señalado la urgencia de avanzar en el saneamiento. Sino que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas frente a terceros y garantizar el derecho a la propiedad colectiva, que puedan ejercerlo sin presiones, sin hostigamientos, y en el caso de haber ataques la obligación que tienen los estados de investigar y castigar a los responsables”, manifestó Urrejola.