El territorio de Li Lamni y tres comunidades de Li Aubra hicieron un último llamado al Estado de Nicaragua para que oriente a las instituciones y autoridades correspondiente el cumplimiento del Plan de Saneamiento conforme a lo establecido en la Ley 445. Esto se debe cumplir en un plazo no mayor de 90 días, exigieron los comunitarios porque de lo contrario afirman que la violencia puede ser incontrolable.
Los líderes comunitarios del territorio Li Lamni entienden que la situación que viven es compleja y no ha sido nada fácil poner un ultimátum al Estado para que tome acciones, pero debido al silencio de las instancias y del gobierno, ven de manera casi inevitable una mayor resistencia de los comunitarios en contra de los colonos que invaden sus tierras y la la violación de sus derechos humanos. “No es lo que queremos, no estamos induciendo tampoco a la población. La Asamblea sencillamente consistió en consultar a las comunidades y a los líderes comunales para tomar un acuerdo para ver cómo podemos consensuar, de modo que tengamos que enfrentarnos a la realidad que nos están obligando porque no somos nosotros quienes estamos invadiendo a nadie, ni amenazando; sino que son ellos (los colonos) a vista y paciencia del gobierno, del Ejercito, de la Policía, del Consejo regional, del gobierno regional y de las alcaldías municipales. Prácticamente nos tienen arrinconados, ya cruzaron la línea roja”.
Afirmaron que ahora ven como un arma de doble filo la Ley. 445, “ley del régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”.
“El régimen no ha cumplido con la quinta etapa, que es el proceso de Saneamiento territoriales y contrario a eso estamos siendo invadidos y despojados de nuestros recursos, desplazando a la familia indígenas que se tienen que arrinconar al Río Coco”, señalan.
Los líderes y comunitarios recuerdan que el presidente electo por cuarto periodo consecutivo, Daniel Ortega, se comprometió públicamente en velar por las tierras y recursos indígenas. “Nos queda un punto pendiente, garantizar ese principio que hemos estado defendiendo el derecho a la propiedad, en este caso el derecho a la propiedad comunitaria. En estas zonas, tenemos instrucciones claras para la Policía y para las autoridades, que no permitan que se ocupen propiedades de pequeños propietarios, ni medianos, ni de grandes, ahí tiene que actuar inmediatamente la Policía para desalojar a los que están ocupando”, fueron las palabras de Ortega y que los comunitarios siguen esperando que se cumplan.
La etapa de saneamiento que exigen los comunitarios está establecida en el Arto. 59, de la Ley 445 y este especifica que “Cada una de las comunidades, una vez obtenido su título podrá iniciar con el apoyo técnico y material de la Oficina de Titulación Rural (0TR), la etapa de saneamiento de sus tierras, en relación con terceros que se encuentren dentro de las mismas”.
“Ya basta“
Denuncian que las violaciones a los derechos humanos de los líderes de territorios indígenas han sido constante y sistemáticas, y como afirmaron en su reciente pronunciamiento inició desde la invasión al gobierno de la Muskitia en 1894. Sin embargo, luego de tantos años de inestabilidad y de asesinatos a comunitarios que quedan en la impunidad, decidieron decir “ya basta”, estando claros del precio a pagar por continuar en la lucha por su sobrevivencia.
“El plazo de 90 días se refiere para que se cumpla lo establecido en la ley, porque al menos el territorio de Li Lamni optó por no salir huyendo y eso implica que cualquier cosa puede suceder”, porque a como ellos explican carecen de representantes legales o de liderazgo del gobierno regional se ha dedicado a usurpar las estructuras y espacios que por derecho le corresponde elegir a la Asamblea comunitaria.