Durante el 2021 se cometieron graves restricciones a la Libertad de Prensa, según los informes de violaciones a
la Libertad de Prensa publicados por este Diario, la cifra ascendió a 702 incidentes de abuso del poder estatal
durante el año, casi el doble de lo observado en el año 2020 que fue de 360 casos y similar a los sucedidos en el
año 2018 que fue de 712.
Las cifras expuestas reflejan los resultados del monitoreo y seguimiento que inicialmente realizaba la Fundación
Violeta Barrios de Chamorro, forzada a cerrar operaciones en febrero del 2021 a causa de la Ley de Agentes
Extranjeros. Desde entonces en el diario LA PRENSA asumimos esa relevante tarea de documentar ese tipo de
violaciones.
Un posicionamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) , publicado el 23 de diciembre del 2021, señala
que en Nicaragua ocurrieron los más peligrosos atropellos contra la Libertad de Prensa y de Expresión en las
Américas. “En ese país, varios periodistas, junto a los principales líderes de la oposición cívica y directivos de
organizaciones no gubernamentales permanecen encarcelados y sin derechos procesales», señaló el presidente
de la SIP, Jorge Canahuati.
El diario LA PRENSA ofrece a sus lectores este informe anual, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de
diciembre del 2021. Pese a las acciones de control que ejercen los órganos represivos del país logramos
documentar que 171 personas fueron víctimas de violaciones a la Libertad de Prensa, de las cuales 108 son del
género masculino, equivalente al 63% y 63 víctimas del género femenino es decir 37% del total de casos.
La coyuntura sociopolítica en la que se encuentra inmerso el país con mayor énfasis a partir de abril 2018, es
sumamente preocupante y al cierre del año 2021 no hay señales de que la política de hostilidad en contra de los
medios de comunicación y los periodistas independientes frenará.
De acuerdo con los indicadores y la metodología establecida por Voces del Sur, organización a la que pertenece
LA PRENSA, el uso abusivo del poder estatal se realiza por medio de acciones propuestas, planificadas, y
ejecutadas por el Estado, el cual, abusando de su condición superestructural se impone con la fuerza de la
irracionalidad en contra de los estándares internacionales de la Libertad de Prensa y Expresión, perjudicando a
veces de manera irreparable a medios de comunicación y periodistas independientes que legítimamente hacen su
trabajo de fiscalización de las instituciones públicas.
