Mayor represión estatal y menos denuncias fue el ambiente de la prensa independiente en Nicaragua en enero de 2022. En ese mes se logró documentar que comunicadores tuvieron que exiliarse por el clima “hostil” e inseguro que enfrentan los periodistas y medios independientes en el país. Algunos de los casos de violación a la libertad de prensa registrados en ese mes por mayor «represión estatal”, según el informe mensual sobre monitoreo y seguimiento a casos de violaciones a la libertad de prensa presentado por la iniciativa Voces del Sur.
🗞️ COMUNICADO // La Libertad de Expresión en Nicaragua comienza el 2022 con más represión Estatal y con más silencio y autocensura de los afectados.
Conozca más aquí👇https://t.co/jAHzwMBJU1— Red Voces del Sur (@VDSorg) February 10, 2022“Se documentaron un total de 18 alertas y se dio seguimiento a 2 alertas generadas en el mes de agosto de 2021. En total se registraron 114 casos de violaciones a la libertad de prensa; 101 fueron perpetrados contra medios de comunicación lo que representa el 88.5 % del total y 13 contra personas naturales lo que equivale al 11.5 % de casos registrados en este período”, menciona Voces del Sur.
De igual manera, señala que la labor informativa sigue siendo criminalizada por parte del gobierno de turno en Nicaragua. “Un dato que debe llevarnos a la reflexión es que por primera vez prevalecen las agresiones en contra de mujeres periodistas. Lo más preocupante observado fue que la periodista Kalúa Salazar fue víctima de asedio policial en 7 oportunidades”, señala el informe.
Retos por superar para el gremio
Asimismo, también se menciona que el pasado 10 de enero los organismos internacionales IFEX-ALC, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, PEN Internacional y Voces del Sur señalaron que el 2021 fue un “año nefasto” para la libertad de prensa, expresión e información en Nicaragua.
“Periodistas y directivos de medios fueron encarcelados, medios de comunicación confiscados, decenas de periodistas obligados a exiliarse, debido entre otras a las demandas judiciales y aplicación de leyes que cercenan la libertad de expresión”, puntea el pronunciamiento al que suscribieron las organizaciones antes mencionadas.
Igualmente, demandaron al Estado de Nicaragua la liberación de los periodistas que se encuentran detenidos arbitrariamente, como han señalado organismos de defensa de los derechos humanos. Además, de restablecer los medios de comunicación que han sido confiscados y desalojar las instalaciones del Diario LA PRENSA.
Estas organizaciones también aseveran que acceder a la información pública y difundir información es «derecho de las personas, los cuales no deben ser censurados”.
Primeros nicaragüenses condenados bajo la Ley de Ciberdelitos
Los ciudadanos Douglas Cerros y Donald Alvarenga son los primeros condenados bajo “la controversial” Ley de Ciberdelitos que analistas políticos han señalado de represiva por haber sido creada con el fin de que las autoridades judiciales pudieran instrumentalizarla para condenar a opositores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Alvarenga, de 56 años, se convirtió el 13 de enero en ser la primera persona en ser condenada bajo esta ley. Fue encontrado culpable por los supuestos delitos de “menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación”.
Cerros, de 53 años, fue el segundo ciudadano en ser señalado culpable bajo esta ley porque promovía el no voto en sus redes sociales. Fue detenido la noche del 6 de noviembre de 2021.
“Analistas independientes han indicado que ambos juicios han violentado los derechos constitucionales de los acusados y que estas condenas buscan marcar un precedente con el fin de callar y atemorizar a ciudadanos, periodistas y activistas que utilicen las redes sociales para informar y denunciar lo que se vive en el país”, señala el informe.
Cierre de Radio Universidad
La radio propiedad de la Universidad Centroamericana (UCA) cierra operaciones luego de 37 años funcionando al servicio de informar y educar a la población universitaria y del país. “Alrededor de cinco colaboradores de Radio Universidad (entre periodistas, controlistas y un productor) se acogieron a un Plan de Retiro Voluntario”.
El informe afirma que el cierre de esta emisora representa una “estocada” más a la libertad de prensa en el país.
“Desde Voces del Sur recordamos al Gobierno de Nicaragua su obligación de garantizar el acceso a la información pública y el libre ejercicio del periodismo, los cuales son derechos plenamente reconocidos en los tratados y convenios que en materia de libertad de prensa y expresión el Estado de Nicaragua es signatario”, asevera la iniciativa.
