Tras la muerte del exguerrillero y general en retiro, Hugo Torres Jiménez, este sábado 12 de febrero, el Ministerio Público aseguró a través de un comunicado que por “razones humanitarias” había suspendido el juicio en su contra; decisión que según los especialistas solo la podía tomar el juez que lleva el caso, juez que además violó el numeral 13 del artículo 176, del Código Procesal Penal (CPP). Dicho artículo establece que podrá sustituir la prisión preventiva por la domiciliaria, entre otros casos cuando se trate de… “personas valetudinarias o afectadas por alguna enfermedad en fase terminal comprobada”.
Además, ese precepto legal no es el único que el Sistema de Justicia ha vulnerado. El artículo 6 de la Ley 720, Ley del Adulto Mayor, en su numeral 13 establece que: los adultos mayores tienen derecho a que se les garantice ante los jueces o tribunales competentes un proceso sencillo, con prelación, celeridad, gratuidad e inmediatez, con las debidas garantías procesales.
Y mientras alegan “razones humanitarias”, la salud de diez reos políticos mayores de 65 años y con padecimientos crónicos, se deteriora cada día, poniendo en riesgo sus vidas. El recién fallecido Hugo Torres era solo uno de los 11 secuestrados durante la redada realizada entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre del 2021, que enfrentaba padecimientos crónicos.
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La salud y la vida de diez adultos mayores está en riesgo
Los otros son: Edgar Parrales, José Pallais, Violeta Granera, Mauricio Díaz, Víctor Hugo Tinoco, Nidia Barbosa, Francisco Aguirre Sacasa, Pedro Joaquín Chamorro, Arturo Cruz y Dora María Téllez.
Además de ser mayores de 65 años, en la mayoría de los casos sus familiares han presentado diversos escritos que demuestran sus padecimientos y el riesgo que corren en prisión. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha recibido respuesta.
Entre los casos más graves están el del exdiplomático Edgard Parrales, de 79 años. A él le extirparon parte de su intestino y padece el síndrome de colon irritable, estreñimiento, diverticulosis y otras enfermedades; esto lo obliga a tomar un estricto tratamiento y dieta adecuada. Por ello, desde que civiles lo secuestraron el 22 de noviembre, para luego llevarlo a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), su familia ha presentado siete recursos solicitando atención especializada. Sin embargo, ninguno ha tenido respuesta, mientras su salud se deteriora cada día.
Un caso similar es el del exdiputado liberal José Pallais Arana, preso en la DAJ desde el 9 de junio pasado. Sus familiares han presentado ante los juzgados diversas peticiones, entre estas que le realicen valoraciones médicas y que le cambien la medida de prisión por otras alternativas, pero hasta ahora ninguna ha sido resuelta.
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A Violeta Granera no le han atendido sus problemas dentales
Lo mismo ocurre con Violeta Granera Padilla, de 70 años, y apresada en la DAJ desde el 8 de junio pasado. Sus familiares han solicitado atención médica y recientemente odontológica, ya que ha perdido piezas dentales y eso le dificulta comer. Sin embargo, hasta la más reciente visita del 21 de enero todavía no había recibido atención.
En el caso del excanciller Francisco Aguirre Sacasa, encarcelado en la DAJ desde el 28 de julio pasado, no respondieron ninguno de los escritos presentados. La más reciente petición la presentó la familia el martes 8 de febrero, luego de que un juez lo declarara culpable de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
A través de un escrito público, los familiares de Aguirre Sacasa dijeron que su salud está muy deteriorada y pidieron que se le permita recuperarse en su casa, bajo los cuidados de la familia. “Bajo las leyes actuales de Nicaragua, cualquier persona mayor de 70 años puede cumplir su sentencia en su casa”, recordaron .
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