En febrero de 2020, dos periodistas fueron condenados a prisión bajo la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. El informe mensual de Libertad de Prensa en Nicaragua de la red regional Voces del Sur registró que las violaciones al ejercicio periodístico siguen aumentando.
Los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza fueron condenados a 13 y 9 años de cárcel, respectivamente, por el supuesto delito de ”conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Las pruebas que la Fiscalía presentó en el caso contra Mendoza fueron tuits y publicaciones de Facebook.
Asimismo, este informe documentó 104 casos de violaciones a la libertad de prensa; “85 fueron perpetrados en contra de medios de comunicación (81.7 %) y 19 contra personas naturales (18.3 %). Estos casos recayeron entre 21 víctimas, de las cuales 18 son personas naturales y 3 medios de comunicación”, se mencionó.
En el pasado mes de febrero, el informe destaca que al menos 6 periodistas debido a la inseguridad que enfrenta la práctica periodista en el país decidieron exiliarse. “Un dato que preocupa más a esta red es que, según nuestros registros desde junio del 2021 hasta febrero del 2022, al menos 62 periodistas se han exiliado. La lista incluye a reporteros, directivos de medios y profesionales de la comunicación que colaboraban en organizaciones de sociedad civil y organismos de derechos humanos” además, esto se debe al aumento de la judicialización de parte del Gobierno de turno en contra de la prensa independiente.
Lea también: Miguel Mora cumple 260 días detenido en la DAJ
Ciudadanos condenados por opinar
Según los registros de Voces del Sur, en Nicaragua se castiga con cárcel a los ciudadanos que expresan sus opiniones sobre la crisis sociopolítica que atraviesa el país, utilizando las redes sociales y brindando declaraciones a medios de comunicación independientes.
Recientemente, el campesino Santos Camilo Bellorín fue condenado a 11 años de cárcel bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, a pesar de que el ciudadano ha alegado que nunca ha tenido acceso a internet ni a equipos electrónicos que le facilitaran la conexión a las redes sociales.
“Estar preso es triste, estar preso y sin saber por qué. Soy campesino, si me pregunta por el arado yo se lo digo, en la cuestión política soy inocente, la tecnología me come, no sé ni grabar ni un número de teléfono. Solo tengo quinto grado aprobado, apenas sé leer y escribir, y mi intención solo es el trabajo y la agricultura”, declaró Bellorín.
El informe señala que hasta la fecha al menos 10 ciudadanos han sido acusados bajo esta ley, y tres de ellos condenados, incluido el privado de libertad Santos Camilo Bellorín. El primero fue Donald Alvarenga, igualmente de 56 años de edad, detenido previo a las elecciones presidenciales, fue condenado a 12 años de prisión por las autoridades correspondientes.
Silencio de fuentes informativas no se detiene
Durante el mes de febrero, algunos periodistas declararon a Voces del Sur que las pocas fuentes con las que obtienen información solicitan el anonimato y sus aportes son «cortos y ligeros», además que hay temas de los que prefieren no abordar por temor a represalias políticas.
El informe señaló que esta escasez de fuentes informativas de los medios de comunicación ha aumentado desde la aprobación de la Ley de Ciberdelitos en el año 2020.
«La pluralidad de voces y la libertad de opinión son aspectos importantes e indispensables para la democracia, por lo que llamamos al Estado de Nicaragua a cesar la criminalización del oficio periodístico brindando información oportuna y de calidad en los tiempos establecidos y preservando el derecho a ejercer periodismo independiente en el país», finalizó el informe mensual.
