Al menos 18 organizaciones de periodistas a nivel internacional firmaron un comunicado conjunto rechazando la «farsa jurídica», por la cual la justicia nicaragüense sentenció a entre 7 y 13 años de prisión a extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), a Juan Lorenzo Holmann, gerente general de LA PRENSA y a periodistas independientes de Nicaragua.
El comunicado hace un recuento de las detenciones y juicios, así como de algunas de las irregularidades presentadas en los procesos.
El miércoles 23 de marzo, Juan Lorenzo Holmann, gerente general del Diario LA PRENSA, fue declarado culpable del supuesto delito de lavado de dinero. La jueza Nadia Camila Tardencilla, del Juzgado Segundo de Distrito Penal, solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión más una multa monetaria. Holmann fue detenido el 14 de agosto cuando la Policía allanó dicho medio, el cual en ese momento era el único medio impreso independiente que aún circulaba en el país. Su juicio finalizó este miércoles 23 y su sentencia definitiva será leída el próximo 31 de marzo.
El pasado lunes 21 de marzo el juez Noveno de Distrito de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García, declaró culpable y sentenció a ocho años de prisión a la periodista y precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, en su calidad de presidenta de la FVBCH por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, gestión abusiva y falsedad ideológica. Además, debe pagar una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. El juicio se llevó a cabo entre el 3 y el 11 de marzo en el recinto policial Evaristo Vásquez, conocido popularmente como el Chipote, «donde han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes y actos de tortura. La mayoría de personas que permanecen presas por motivos políticos, además, están incomunicadas», se lee en el documento.
«El arbitrario proceso legal no cumplió con ninguna garantía del debido proceso, se desarrolló con la presencia de un intimidatorio contingente policial y con muy limitado tiempo para que los abogados defensores se expresen a favor de sus representados. Entre otras graves irregularidades, pese a que la defensa contaba con múltiples pruebas de su inocencia, el juicio finalizó sin que pudieran presentar 12 cajas que contenían más de 1,000 documentos con información fundamental para la defensa de los procesados. Cristiana Chamorro ha permanecido bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio de 2021», especifican las organizaciones.
Recuerdan que en la formalización de la sentencia a los trabajadores de la Fundación: Marcos Fletes, contador general, y Walter Gómez, financiero, han sido sentenciados a 13 años de cárcel por lavado de dinero, 300 días de multa y el pago de una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. Incluso el conductor Pedro Vásquez ha sido condenado a 7 años de prisión por cooperador necesario del delito de lavado de dinero.
Asimismo, la justicia nicaragüense, al servicio del régimen autoritario, condenó también a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, de 70 años y miembro del directorio de LA PRENSA, y hermano de Cristiana Chamorro, a 9 años de cárcel por el supuesto delito de apropiación y retención indebida, falsificación ideológica y gestión abusiva.
Las organizaciones suman estos «espurios procesos» judiciales a las sentencias ya emitidas en semanas anteriores contra Miguel Mendoza, periodista deportivo sentenciado a 9 años de cárcel por expresar sus opiniones en redes sociales. Así como contra Miguel Mora, fundador de 100% Noticias y precandidato presidencial, y Jaime Arellano, comentarista político, ambos condenados a 13 años de prisión, por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.
«Las organizaciones abajo firmantes rechazamos categóricamente estas sentencias y aquellas emitidas contra las demás personas presas políticas detenidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hacemos responsable al Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión», remarcan.
Adicionalmente hacen un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos del hemisferio, a emitir «su más severa condena a la sistemática violación de derechos humanos y a implementar todas las medidas a su alcance para que las personas presas políticas en Nicaragua sean puestas en libertad».
«Asimismo, nos sumamos al llamado al Consejo de Derechos Humanos para que, en su próxima resolución sobre Nicaragua, adopte un mecanismo internacional sólido, independiente e imparcial que permita investigar y documentar exhaustivamente las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde abril de 2018, incluyendo las vulneraciones a los derechos de libertad de asociación, expresión y prensa, y sentar las bases para procesos de rendición de cuentas y sanción de todos los responsables», finalizan.
Las organizaciones firmantes son:
Amarc-ALC
Artículo 19
Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo – Abraji
Asociación Nacional de la Prensa Bolivia -ANP
Asociación de Periodistas de El Salvador – APES
Comité por la Libre Expresión – C-Libre
Centro de Archivos y Acceso a la Información – CAinfo
Espacio Público
IFEX-ALC
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión- IPLEX
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Instituto Demos
Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa -ICLEP
Instituto Prensa y Sociedad – IPYS Perú
Instituto Prensa y Sociedad – IPYS Venezuela
Fundamedios
Foro de Periodismo Argentino – FOPEA
Voces del Sur
