La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una nota de prensa en la que señala que tomó conocimiento de las declaraciones del embajador Arturo McFields, representante permanente de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la sesión ordinaria celebrada el 23 de marzo, las que «confirman las graves violaciones a derechos humanos que se vienen cometiendo en el país, el deterioro institucional y la agudización de la estrategia del Ejecutivo para acallar a las voces disidentes y opositoras».
Agregan que según información pública, el mismo 23 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció las declaraciones del embajador McFields y ordenó su destitución.
La CIDH hace un resumen de lo acontecido desde abril 2018, destacando la respuesta violenta a las protestas sociales que desencadenó «una grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, la cual, continúa profundizándose debido a factores como la instalación de facto de un Estado de excepción y la consolidación de la concentración y perpetuación del poder por parte del Ejecutivo».
«Además, el principio de separación de poderes está quebrantado en el país; todas las instituciones del Legislativo y Judicial están alineadas y dirigidas por el Ejecutivo, lo que facilita y/o consolidan las arbitrariedades. A su vez, persiste un estado policial que en coordinación con grupos del Gobierno, agrede, vigila, amenaza y hostiga a cualquier persona identificada como opositora», se lee en la nota de prensa.
Remarcan que a casi cuatro años del inicio de la crisis de derechos humanos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, persiste un contexto de impunidad de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en 355 personas fallecidas, más de 2 mil heridas, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud, más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios y miles de personas que se vieron forzadas a huir y a buscar asilo a causa de la persecución. Además, 169 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria, en condiciones contrarias a la dignidad e integridad personal.
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«La CIDH urge nuevamente a Nicaragua poner fin a la persecución de las voces disidentes, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y buscar fórmulas para restablecer los derechos y garantías de un Estado democrático de derecho. Además, exhorta a los Estados americanos y a la comunidad internacional a demandar al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», afirma la Comisión.
