Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas cumplen 270 días detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote. Estos líderes comunitarios desde antes del inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018, han denunciado las irregularidades del Estado en materia de derechos de la tierra.
Los tres integrantes del Movimiento Campesino fueron detenidos el 5 de julio del año pasado, por ser los supuestos “cabecillas del asesinato de 4 compañeros policías y ciudadanos civiles, secuestro y lesiones de 12 compañeros policías en el municipio de Morrito, departamento de Río San Juan y de los tranques de la muerte en los departamentos de Chontales, Boaco, Río San Juan y Zelaya Central, donde cometieron delitos de homicidios, robo con intimidación (asaltos), secuestros, extorsiones, violaciones, destrucción y daños múltiples, durante el fallido intento Golpe de Estado en el año 2018 “, informó la Policía Nacional en la nota de prensa que anunciaba la detención oficial de estos líderes.
Posteriormente fueron acusados por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Medardo Mairena, exaspirante presidencial, fue condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”; mientras que Mena y Navas fueron encontrados culpables del delito de conspiración para cometer menoscabo, y les dictaron sentencia de 10 años de prisión a ambos.
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Nacimiento del Movimiento Campesino
En el 2013, el Gobierno de Nicaragua inició una campaña de propaganda sobre la construcción del Canal Interoceánico, resaltando los supuestos beneficios para el desarrollo del país, sin embargo, la comunidad campesina —incluyendo los líderes detenidos— repudió este proyecto porque afirmaban que atentaba contra el derecho de sus tierras.
El Movimiento Campesino surgió en 2014 como respuesta a este proyecto promovido desde el Gobierno de turno. Las demandas con las que nació este movimiento social resonaron en las protestas cívicas de 2018, por lo que señalan defensores de derechos humanos y activistas políticos que el encarcelamiento de estos opositores es ilegal y una represalia por ser críticos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.