María Oviedo, defensora de derechos humanos, abogada de privados de libertad y exfiscal involucrada en casos controvertibles, cumple 250 días detenida en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como nuevo Chipote.
Oviedo renunció a la Fiscalía luego de que le asignaran el caso del grupo de promotores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Igualmente, como fiscal estuvo involucrada en el caso de la masacre del 19 de julio de 2014, donde se acusó a campesinos del norte del país por el asesinato de simpatizantes del gobierno. Organismos de derechos humanos en esa época declararon que las instituciones como la Policía, la Fiscalía y el sistema de justicia respondían a los intereses del presidente del país, Daniel Ortega.
Luego de abandonar la Fiscalía, María Oviedo se integró a la CPDH brindando sus servicios como servidora de privados de libertad por motivos políticos. El 26 de julio de 2019 fue detenida por abofetear al jefe policial en la Estación de Policía de Masaya cuando acompañaba a un opositor y excarcelado. Ella alegó que solo se defendió del jefe policial porque este había tratado de sobrepasarse con ella.
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Fue detenida por segunda vez el 29 de julio de 2021, por estar bajo investigación por realizar “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
Fue condenada a ocho años por la Jueza Decimotercera de Distrito Penal de Juicios en Managua, Ulisa Yahosca Tapia Silva, acusada por el supuesto de lito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y de propagar noticias falsas.
Cenidh alerta sobre estado de salud de Parrales
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que la vida del exdiplomático y analista político Edgard Parrales corre peligro. Necesita atención personalizada con urgencia y señaló que el arresto domiciliario no es garantía de salud y vida de este opositor detenido por motivos políticos.
“El arresto domiciliario no es garantía de salud y vida para el Dr. Edgard Parrales, pues los jueces no autorizan la entrada de sus médicos para que le den el tratamiento adecuado y realicen los exámenes que garanticen su vida”, indicó el Cenidh.
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