Juristas y académicos internacionales debatieron «Juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión» en Nicaragua. Durante la discusión consideraron que lo que hay en el país es un «terrorismo de Estado» y una «dictadura cleptocrática».
José Ugaz, abogado especialista en Derechos Humanos, destacó el nepotismo y que Ortega es una dictadura «cleptocrática» (establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital).
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Por su parte Paulo Abrão, experto en Derechos Humanos, indicó que lo que se observa en Nicaragua desde 2018 con la primera comisión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es que existe un uso ilegítimo de la fuerza, se violentaron los derechos humanos tal como fue registrado.
«Estamos ante un caso concreto de terrorismo de Estado que busca atemorizar a la población para favorecer a sus fines», expresó Abrão, quien consideró que el objetivo es dar una apariencia de legalidad.
Indicó que bajo la legalidad autoritaria se va dando un ambiente de persecución y de ahí las detenciones ilegales y el cierre de organizaciones.
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, indicó que el presidente Daniel Ortega no ha ocultado nada, «lo hizo a plena luz del día» y con complicidad de otros sectores a lo interno del país.
Chinchilla destacó que Ortega ha pasado de usar mecanismos nacionales hasta usar el tema de normas para prevenir el lavado de dinero a nivel internacional.
Por su parte el abogado Ciro Colombara, recomendó tener una mirada a largo plazo que abarque el ámbito de los derechos humanos y la corrupción.
Caso FVBCH: Manual de violaciones al debido proceso
Como parte de la discusión se hizo un resumen del caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que de acuerdo con Orietta Benavides, abogada del caso, «no es más que un manual de violaciones reiteradas al debido proceso».
El debate fue organizado por Voces del Sur que está conformada por 14 socios en 14 países del hemisferio.
Benavides hizo un resumen del caso indicando que la «tragedia» inició cuando Cristiana Chamorro, directora de la FVBCH, fue citada por el Ministerio de Gobernación para hablar de las supuestas «inconsistencias» en los informes correspondientes al período 2015 al 2019.
«La fundación del 2015 al 2019 presentó toda la información que acreditaba la transparencia en el uso de los fondos y el ente regulador entregó las constancias de cumplimiento», recordó.
El siguiente momento clave fue el 20 de mayo 2021, cuando «todo el sistema comenzó a articularse» en el sentido de judicializarse en el sentido de imputar delitos falsos a los hoy condenados.
La abogada dejó en claro las notorias violaciones al debido proceso entre las que menciona: Citaciones con menos de 24 horas de anticipación, prohibir la entrada de abogados defensores para asistirlos en entrevistas, no informar de los cargos por los cuales estaban siendo investigados, entre otros.
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«Acudimos al Tribunal de Apelaciones de Managua para presentar un recurso de exhibición por la amenaza de una detención ilegal. En un solo día nos rechazaron los recursos y la detención de Marcos Fletes y Walter Gómez, vino a continuación, sin orden de allanamiento, sin autorización judicial», dijo.
Indicó que se anunció la detención por 90 días, con la «excusa» de que usarían ese tiempo para ampliar la investigación. «Meses en que nuestros representados jamás tuvieron contacto con nosotros. En el caso de Cristiana, una entrevista 8 de junio luego de una audiencia preliminar en su casa de habitación también se le impuso un defensor público», recordó.
Los abogados defensores durante los procesos fueron sometidos a registros corporales, no se les permitía el acceso a celulares, relojes o computadoras. Ellos presentaron tres mil documentos que mostraban la inocencia de los acusados. «Todo el procedimiento plagado de nulidades y arbitrariedades que culminó en una sentencia de condena, multas astronómicas y desproporcionadas», remarcó la abogada.