Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó al Gobierno de Nicaragua a que «respete y no se aleje» de las obligaciones en materia de derechos humanos, luego de detallar que en los últimos tres meses la situación de derechos humanos en Nicaragua ha seguido empeorando.
«Insto encarecidamente al Gobierno de Nicaragua a que respete y no se aleje más de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Hago un llamado a las autoridades para que cesen de inmediato las políticas que hoy solo sirven para aislar al país y a su gente de las comunidades regionales e internacionales», afirmó Bachelet.
De acuerdo con la alta comisionada, su oficina sigue denunciando detenciones arbitrarias, en las que los detenidos enfrentan «condiciones atroces». Asimismo se refirió al despojo de la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y a la migración de nicaragüenses en cantidades sin precedentes.
Bachelet dijo que según fuentes de la sociedad civil 173 personas se encuentran privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos desatada en 2018.
«Quienes fueron detenidos en el marco de las elecciones de 2021 se encuentran en condiciones contrarias a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y muchos han sido procesados y condenados sin el debido proceso», afirmó.
Lea también: Michelle Bachelet dice que están conversando con “las autoridades” de Nicaragua para que liberen a los presos políticos
Agregó que hay 11 personas bajo arresto domiciliario, pese a que las normas nacionales vigentes en Nicaragua establecen que este beneficio debe otorgarse a todos los detenidos mayores o gravemente enfermos.
Dramática reducción del espacio cívico
Bachelet indicó que sigue preocupada por la «dramática reducción del espacio cívico en el país». «A la fecha, la Asamblea Nacional, a pedido del Gobierno, ha cancelado la personería jurídica de 388 organizaciones desde principios de año, elevando el total a por lo menos 454 desde noviembre de 2018. Esto no solo ha afectado a las organizaciones de derechos humanos, sino también otras organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en educación y desarrollo, así como asociaciones médicas y profesionales», detalló.
La alta comisionada dijo tener «serias preocupaciones» por las consecuencias de la nueva Ley General para la Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, que entró en vigor el 6 de mayo. «Esta ley dificulta el registro de las organizaciones y permite al Gobierno total discrecionalidad para exigir información sobre sus fondos, actividades y beneficiarios. Cualquier actividad emprendida por la organización debe someterse a la autorización previa del Gobierno y las organizaciones tienen prohibido participar en actividades políticas. La ley también impone una cuota máxima del 25 % de ‘miembros extranjeros’ en cualquier organización», comentó.
Finalmente se refirió al tema de las migraciones comentando que el número de nicaragüenses que abandonan el país es superior al de la década de 1980. «En los últimos ocho meses se ha duplicado el número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüense en Costa Rica, alcanzando un total de 150,000 nuevos solicitantes desde 2018. Esto representa el tres por ciento de la población costarricense. El número de nicaragüenses interceptados en las fronteras de los Estados Unidos de América también experimenta un aumento sin precedentes, pasando de 3.164 en septiembre de 2020 a 92.037 en abril de 2022. En marzo de 2022, la cifra llegó a 16.088, la más alta registrada hasta la fecha para un solo mes, y ocho veces superior a la registrada en marzo de 2021», detalló.
Durante la presentación de este informe Bachelet comentó que en abril, dos comisiones de la Asamblea Nacional completaron un análisis de la legislación penal que se utiliza para perseguir a quienes el Gobierno percibe como opositores y propusieron endurecer las penas e introducir otras medidas represivas, como la confiscación de sus bienes. «Esto genera serias preocupaciones acerca de que el Gobierno busque profundizar aún más la represión de las voces críticas», expresó.
Además solicitó acceso a Nicaragua para el personal de la Oficina del Alto Comisionado como un paso adelante positivo. «También hago un llamado al Consejo de Derechos Humanos y a los Estados miembros para que intensifiquen rápidamente los esfuerzos destinados a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis, y permitan que mi oficina las visite», finalizó.