El comentarista político Jaime Arellano y el aspirante a la Presidencia de las elecciones del 7 de noviembre de 2021, Noel Vidaurre, cumplen hoy 330 días bajo arresto domiciliario. Sobre las condiciones de estos detenidos es poca la información que hasta el momento han brindado los familiares y abogados. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas no refleja los nombres de ambos, pero en el listado aparecen dos hombres detenidos el 24 de julio, fecha en que ambos fueron privados de su libertad.
La jueza Décimo Tercera de Distrito Penal de Juicios, Ulisa Yohosca Tapia Silva, procesó y declaró culpables en un mismo juicio a los dos reos de conciencia, Arellano y Vidaurre. A Arellano lo condenó por menoscabo a la integridad nacional, mientras que al exprecandidato presidencial Vidaurre le atribuyó el delito de conspiración para cometer menoscabo.
Sin embargo, defensores de derechos humanos se han referido a los arrestos domiciliarios de las 11 personas detenidas en 2021, en el contexto de las elecciones, señalando que las condiciones no cumplen con lo establecido en la legislación nicaragüense y que bajo este régimen deberían estar todos los adultos mayores y reos con enfermedades crónicas.
“En la actualidad, 11 personas se encuentran bajo arresto domiciliario. De acuerdo con las normas nacionales vigentes, este beneficio debe otorgarse a todos los detenidos mayores o gravemente enfermos”, dijo Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además instó nuevamente a las autoridades competentes de Nicaragua a garantizar “la pronta liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y garantizar su integridad física y psíquica”.
“Asimismo, insto encarecidamente a las autoridades a que se lleve a cabo una verificación independiente de las condiciones de detención. Deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad y para asegurar que las condiciones de detención se ajusten a los estándares internacionales”, dijo Bachelet.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ya había advertido que quienes se encuentran bajo arresto domiciliario no están bajo las condiciones que establece la ley y muestra de ello es la presencia policial excesiva y la restricción de no poder salir a los patios, quedando confinados a las áreas construidas de las viviendas.