Sin acceso a agua potable, en celdas de castigo o de aislamiento, plagas de chinches, caída de cabello, padecimientos médicos y golpizas en las celdas son algunas de las denuncias realizadas durante la audiencia pública organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de la supervisión a diez medidas cautelares otorgadas a 10 presos políticos.
Los reos se encuentran en sistemas penitenciarios con restricciones mayores a las de los demás presos.
«Las (personas) beneficiarias continúan sin acceder a medicamentos básicos y especializados para el tratamiento de sus padecimientos y enfermedades crónicas, no cuentan con atención médica oportuna, lo que incrementa el riesgo a sus vidas con el paso del tiempo», señalaron abogados participantes en la audiencia.
Indican, por ejemplo, que John Cerna ha sufrido convulsiones producto de epilepsia, padece de una enfermedad pulmonar, ha sufrido fracturas por golpes y luxación de hombros, sin que hasta la fecha haya recibido atención médica y no aceptan los medicamentos que les llevan sus familiares.
Edward Lacayo también ha sufrido convulsiones; Víctor Manuel Soza, padece de asma e hipertensión. Néstor Montealto presenta infección de oído, hipertensión, migraña y problemas en la piel; Víctor Díaz Pérez, tiene afectaciones a su salud mental, problemas en la piel y asma; Ernesto Antonio Ramírez, tiene problema de taquicardia, hipertensión y depresión; Jaime Navarrete, presenta cansancio, fuertes gripes y daño a su tabique nasal, producto de golpizas. «Todos están detenidos en las celdas de máxima seguridad en la Modelo», detallan.
Manifestaron que algunos que entraron con padecimientos médicos se han agravado producto de la mala alimentación y golpizas recibidas en la cárcel.
Comentan que hay casos extremos como el de Kevin Solís, quien presenta alucinaciones y está extremadamente delgado, además tiene hongos y llagas en los pies.
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De los beneficiarios de medidas cautelares, 39 han tenido secuelas por covid-19 o síntomas relacionados con este virus y no recibieron atención médica adecuada.
En la audiencia participaron diferentes organizaciones presentando el panorama de los presos políticos que han sido beneficiarios de medidas cautelares. Entre las denuncias realizadas se manifiesta que los prisioneros de conciencia han sido víctimas de tortura.
«Han sido colgados con grilletes en las manos de un portón del centro penitenciario. Son golpeados por los oficiales con su bastón o la palma de la mano», afirmaron los abogados.
La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para Nicaragua, manifestó su «angustia» por la situación planteada por las organizaciones.
Por su parte el comisionado Joel Hernández destacó la ausencia del Estado de Nicaragua en la audiencia sobre las medidas cautelares en favor de las personas presas políticas.