Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, nicaragüenses e internacionales, denunciaron que desde el
año 2018 en el país centroamericano se han violentado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
El Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras), Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y la Unidad de Registro (UDR) agradecieron los esfuerzos de las personas defensoras de derechos humanos y de las personas miembros del Comité contra la Tortura que, pese a las condiciones adversas y la falta de cooperación del Estado, continúan monitoreando, documentando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua.
«Una vez más hacemos un llamado al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con las recomendaciones brindadas por el CAT. Es imperativo que el Estado proceda a la liberación inmediata y sin condiciones de las personas privadas de libertad por motivos políticos y que, mientras esto suceda, garantice que cesen los actos de tortura y se proporcionen condiciones de detención acordes a los estándares internacionales», se lee en el pronunciamiento.
Asimismo, indican que el Estado debe garantizar imparcialidad del Sistema de Justicia Penal y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pues solo así se podría asegurar credibilidad en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad por motivos políticos, los pueblos indígenas y afrodescendientes,
mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.
«Finalmente, invitamos a la comunidad internacional a responder contundentemente y valerse de todos los recursos a su alcance para que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas desde abril de 2018, y cesen las detenciones arbitrarias y los
actos de tortura que realizan actualmente», indica el documento.
Durante una conferencia de prensa, Tania Agosti, asesora legal en Ginebra para el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), recordó que el pasado 14 de julio el CAT convocó al Estado de Nicaragua para comparecer a la revisión en el marco de la Convención contra la tortura, y “no solo no asistió, sino que, en un episodio sin precedentes, acusó la falta de imparcialidad y objetividad del Comité para cuestionar sus informes e injerir en sus leyes”.
Agregó que la falta de compromiso del Estado de Nicaragua para cumplir con sus obligaciones internacionales ocurre en un contexto en el que se le acusa de “poner en marcha una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición y mientras se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos, en condiciones inhumanas donde existen claros indicios de tortura y violencia”.
Panorama «muy desolador»
Olga Guzmán, consejera principal de Derechos Humanos para América Latina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), consideró que el panorama en Nicaragua es “muy desolador”, puesto que el Estado no solo se resiste a acatar las recomendaciones de este Comité, tampoco acepta las visitas de otros órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por su parte, Juan Pablo Vegas, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y relator para Nicaragua, remarcó que Nicaragua tiene “obligaciones ineludibles” en materia de prevención de tortura y su falta de cooperación forma parte de un patrón de comportamiento reiterado, sin embargo, “no es la primera vez que las Naciones Unidas (ONU) se topan con un gobierno que es renuente a cooperar”. Por ello, la ONU debe hacer todo lo que esté a su alcance “para mitigar la tremenda soledad y aprensión que (…) las defensoras y defensores de los derechos humanos en Nicaragua sienten hoy en día, así como para contribuir a mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad en este hermano país, conforme a los estándares internacionales”.
Vega hizo un llamado al Gobierno nicaragüense a recapacitar sobre su posición respecto a los defensores de derechos humanos y a los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, y exhortó a que les “deje trabajar en bien de las mujeres y hombres de Nicaragua que quieren, ni más ni menos, que ejercer sus derechos como les corresponde”.
