La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Edder Oniel Muñoz Centeno y Nidia Lorena Barbosa Castillo, solicitando que sus condiciones de detención sean según los estándares de derechos humanos y garantizar el acceso integral a la atención en salud.
Ambos presos políticos fueron detenidos en noviembre 2021. Barbosa es una de las adultas mayores que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene en el sistema penitenciario, pese a su delicada condición de salud que la ha llevado en varias ocasiones a ser trasladada a centros hospitalarios.
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«Según las organizaciones solicitantes, las personas beneficiarias fueron detenidas en noviembre de 2021, en el contexto de las elecciones generales y del agravamiento de la represión contra personas identificadas o percibidas como opositoras al actual gobierno nicaragüense, y seguirían privadas de libertad en la unidad del Sistema Penitenciario Nacional de Granada, en condiciones inadecuadas y sin recibir la atención médica necesaria, oportuna y adecuada para tratar sus distintas afectaciones de salud. Por su parte, se solicitó información al Estado en los términos del artículo 25 de su Reglamento, sin recibir respuesta», detalla la CIDH en su nota de prensa.
Añade que tras analizar las alegaciones de las organizaciones solicitantes considera que Muñoz y Barbosa «se encuentran en una situación de riesgo, teniendo en cuenta que los eventos de riesgo alegados persisten a la fecha y se consideran susceptibles de continuar exacerbándose dentro del contexto actual».
Específicamente, la Comisión advirtió la situación especial de vulnerabilidad de Barbosa Castillo, debido a su condición de mujer adulta mayor, por lo que solicitaron al Estado de Nicaragua que:
- a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas como beneficiarias;
- b) adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas propuestas como beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos: i. tener contacto con sus abogados y representantes legales; ii. se garantice que no sean objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro del centro penitenciario; iii. se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre la situación de salud de cada una; iv. se otorgue los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus respectivos padecimientos; v. se otorgue alimentación adecuada; y, vi. se valore, a la luz de las condiciones de detención y salud de las personas propuestas beneficiarias, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad;
- c) concierte las medidas a adoptarse con las personas propuestas como beneficiarias y sus representantes; y
- d) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
