La crisis sociopolítica en Nicaragua y los efectos de la pandemia de covid-19 dinamizaron las formas de violencia contra la mujeres. El informe “Quebrar el cuerpo, quebrar el alma. La reconfiguración de las violencias hacia las mujeres en Nicaragua. 2018-2021”, muestra estas formas de violencia y cómo las políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dejan a las mujeres en la desprotección.
El informe fue presentado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).
«La motivación para la investigación viene de ver cómo hay una violencia política dirigida hacia las mujeres que se acentúa a partir de 2018 en contra de defensoras, líderes políticas y periodistas. Eso existía desde antes de 2018, pero a raíz de 2018 se acentúa y en el contexto de la pandemia la combinación entre crisis sociopolítica y pandemia comienza a dinamizar otras formas de violencia contra las mujeres, como por ejemplo los femicidios, la violencia sexual, violencia psicológica y diferentes formas de violencia», explicó Elvira Cuadra, autora de la investigación y directora de Cetcam.
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El informe dimenciona y devela las formas de violencia contra las mujeres que se venían mostrando, como los informes del Instituto de Medicina Legal y del poder judicial que muestran cómo las violaciones en niñas menores de 14 años se incrementaron entre 2019 y 2020, y lo mismo sucedió con la violencia psicológica en esos mismos años.
Asimismo los datos de Católicas por el Derecho a Decidir revelan un incremento de femicidios, pero particularmente de los femicidios frustrados. «Eso tiene un crecimiento mucho más alto que el aumento de los femicidios, lo que quiere decir que esas mujeres están vivas de pura casualidad, porque la intención tiene que ver con eliminar a la mujer, matarla», señala Cuadra.
Desprotegidas
En esta investigación se muestra que en términos de políticas de gobierno realmente ha habido una «voluntad de dejar a las mujeres desprotegidas», algo que comenzó antes de 2018, pero se ha incrementado a lo largo de este período.
El estudio detalla que las formas de violencia y su incremento ocurren en medio de una profunda desprotección hacia las mujeres, debido al desmantelamiento de mecanismos e instrumentos institucionales para la protección de la vida e integridad de las mujeres, tales como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) y las Comisarías de la Mujer y la Niñez que fueron
desactivadas por el Gobierno desde antes de 2018 y reabiertas nuevamente pero con un enfoque diferente.
En ese enfoque en realidad no brinda una atención integral a la mujer y lo que hace es forzarlas para que medien con sus agresores y que estos queden en la impunidad.
«El otro tema importante tiene que ver con la Ley 779 de prevención de violencia contra las mujeres y todas las reformas que se han hecho y cómo con las reformas que se han hecho quedan a un lado porque no hay cómo aplicarlas porque las autoridades de administración de justicia, los tribunales de justicia, realmente no toman en consideración estos elementos a la hora de consideración para las mujeres», agrega Cuadra.
Factores aceleradores de violencia
Cetcam menciona como factores que aceleraron la violencia contra las mujeres la crisis sociopolítica, la pandemia, el cierre de organizaciones no gubernamentales y hasta fenómenos naturales como los huracanes.
En el caso de la Costa Caribe, los efectos de la pandemia se combinaron con la devastación provocada por los huracanes Eta y Iota que impactaron la región a finales de 2020. Las comunidades indígenas, y particularmente las mujeres, fueron las más afectadas por la destrucción de sus bienes, la escasez
de alimentos, la falta de acceso a servicios médicos y medicamentos, entre otras cosas.
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«El cierre masivo ha sido en 2022, pero efectivamente eso significa y va a significar más adelante que realmente las mujeres queden en un estado de desprotección, porque frente a una institucionalidad estatal que no las atiende, que no las protege, que no les ofrece justicia, un recurso eran las organizaciones de mujeres defensoras y que atendían víctimas de violencia y ahora eso no existe», explica la autora.
Hallazgos
Uno de los principales hallazgos tienen que ver con la convergencia de crisis sociopolítica, pandemia y crisis económica, lo que ha significado que la violencia contra las mujeres asuma múltiples formas y en diferentes ámbitos se han dinamizado. Porque se han incrementado y han cambiado en la manera en que ocurren. «Hay más saña, tanto en las violaciones como en los femicidios y en algún otro tipo de violencia directa y agresiones físicas hacia las mujeres», agrega.
«La otra cosa que tenemos es que en este período se ha incrementado la violencia política contra las mujeres y no solo se ha incrementado sino que ha adquirido formas o una racionalidad específica que tiene la intención de subordinar, de controlar, de contener la participación política de las mujeres», expresa Cuadra.
Menciona, por ejemplo, el tipo de tratamiento que se les ha dado a las mujeres presas políticas y a las mujeres familiares de personas presas políticas porque hay una intención expresa de causar daño.
«Por eso la investigación se llama quebrar el cuerpo, quebrar el alma, porque lo que intentan es a través de las agresiones físicas, de toda esa tortura y ese tratamiento inhumano a las prisioneras políticas, convertirlas en mujeres subordinadas y no en mujeres que desafían al sistema y al poder, que en este caso es representado por el gobierno de los Ortega Murillo», afirma Cuadra.
Otro hallazgo importante es que en este contexto tan difícil, «tan hostil», particularmente para las mujeres, hay numerosas estrategias de defensa y protección que se han desarrollado. Las diferentes participantes en el proceso de investigación señalan, por ejemplo, lo que llaman «resistencia doméstica» que son aquellos pequeños actos cotidianos que ellas hacen todos los días en diferentes espacios, en diferentes lugares, para sostener su firmeza, su fortaleza, su fuerza, pero también resistencia en ámbitos más públicos, en el ámbito político particularmente, donde vemos a las mujeres participando activamente en diferentes espacios.
Menciona entre las formas de violencia el exilio y el desplazamiento forzado, disfrazado de migración. Porque se ven forzadas a desplazarse hacia otros destinos, experimentan muchos riesgos y violencia en su recorrido y llegan y se enfrentan a violencia institucional, cuando por ejemplo no encuentran información adecuada para regularizar su situación migratoria, cuando no las atienden, cuando no les brindan suficientes servicios de salud, no hay atención psicosocial para las situaciones que están atravesando. Una serie de problemáticas que incluyen que no tienen acceso a medios de subsistencia y eso las obliga a vivir en condiciones de precariedad o depender de lo que se conoce como ayuda humanitaria, que es lo mínimo o básico como un paquete de comida.
Como ejemplo de la violencia política mencionó la situación de presas políticas y lo que enfrentan las familiares de presos políticos al visitar a sus parientes. «Se trata de violencia por ser mujer y una violencia dirigida a familiares de presos políticos, para hacerla sentir mal a ella, pero para castigar también a las personas presas políticas», indica.
«En el ámbito político es el Estado quien está agrediendo a las mujeres, eso tiene como efecto que los otros hombres se ven reflejados en eso, alentados por el Estado para cometer violencia contra las mujeres y no recibir ningún castigo», afirma la autora de la investigación.
Redes sociales, una fortaleza
Ante este panorama, Cuadra menciona que una de las grandes fortalezas está en las redes sociales y las mujeres que han entrado en el mundo de las redes sociales y que están haciendo desde sus propios esfuerzos un gran trabajo de información, de prevención. Lo que cataloga como fundamental frente al cierre de los medios de comunicación, las redes se vuelven un recurso.
«El segundo tiene que ver con la denuncia y la visibilización de este tipo de situaciones, el trabajo que hacen todavía grupos de mujeres que están dentro de Nicaragua que se reconocen como defensoras y que buscan las maneras de apoyar a las víctimas de la violencia, eso es algo que hay que reconocerlo», comenta.
Remarca además que el régimen «no ha podido deshacer las redes de solidaridad y de apoyo que se han construido, las redes de solidaridad y de apoyo que se han construido a lo largo de tantos años, no requieren un asunto de personería jurídica y hay una decisión firme de muchas de las que participan en esas redes de mantener sus trabajo y de encontrar diferentes formas de apoyar a las víctimas».
Indicó que es importante la denuncia con movimientos de mujeres porque «en este momento el Estado mismo es el perpetrador principal en los casos de violencia en contra de las mujeres, ya sea porque deliberadamente no las protege y no establece políticas de prevención».
