Los familiares de los presos políticos que se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como el Chipote, cumplieron este martes 81 días de no verlos. La última vez que pudieron visitarlos fue a finales de agosto, por lo que piden al régimen de Daniel Ortega una “prueba de vida”.
“Llevamos más de dos meses de sufrimiento e incertidumbre; de no tener ningún tipo de información respecto a la condición de salud, acceso a atención médica y alimentación de nuestros familiares”, denunciaron este martes durante una conferencia de prensa.
A la vez declararon que “nuestras solicitudes orales tanto de visita, así como de información sobre el estado y paradero de nuestros familiares, han sido denegadas por las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) sin ninguna justificación. Estamos alarmados y sumamente angustiados”.
Ante esta grave situación, hicieron un llamado “urgente” al Estado de Nicaragua para que “nos permita ver a nuestros familiares”.
Manifestaron que “los familiares y organismos especializados somos los únicos que podemos constatar cómo y dónde se encuentran. Por lo cual demandamos urgentemente nuestro ingreso y el de organizaciones de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional y la Comisión de Expertos Independientes de las Naciones Unidas a la Dirección de Auxilio Judicial y también a las distintas cárceles del sistema penitenciario y estaciones policiales en todo el país, para constatar la situación de todas la personas presas políticas”.
Temen por la vida de sus parientes presos
Los familiares señalan que “según los estandares internacionales, la situación de incomunicación prolongada en la que se encuentran constituye un mecanismo de tortura, debido principalmente a que esto ocasiona un severo daño psicológico y emocional para nuestros familiares ilegalmente privados de libertad y para sus familias. Por no poder constatar la situación y condiciones en las que están actualmente , también les expone constantemente a ser víctimas de otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
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Los familiares de presos políticos, expresaron que temen por sus vidas y por las condiciones inhumanas en que les mantienen, sobre todo, la de quienes se han declarado en huelga de hambre.
“Esta es una violación a las leyes nacionales e internacionales y a las normas ‘Nelson Mandela’. De conformidad con la legislación penal nicaragüense y normativa internacional vigente en materia de derechos humanos, las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir visitas regulares de parte de sus familiares, así como acceso a una alimentación sana, condiciones de higiene y de descanso dignas, material de lectura, atención médica, y otros derechos que les han sido negados desde el momento de su detención ilegal y arbitraria”, resaltan.
Piden que visitas sean más frecuentes
“No tenemos ninguna garantía ni de fe de vida, ni de su estado de salud. A la fecha, ni siquiera tenemos certeza si se encuentran en el mismo lugar donde les visitamos porúltima vez”, reiteraron.
También solicitaron la regularización de las visitas cada 15 días como lo ordena la Ley, con presencia y participación de hijas e hijos menores y/o con necesidades especiales; así como acceso y regularización a llamadas telefónicas/videollamadas y correspondencia como fotografías, dibujos y cartas, que incluyen a familiares en el exterior.