La visita número 11, en los 16 meses que llevan de estar detenidos arbitrariamente los presos políticos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), más conocida como el nuevo Chipote, se dio entre «gran tensión» y «abuso de poder», de acuerdo con un comunicado de los familiares, quienes pasaron más de 84 días sin poder visitarlos.
La visita se realizó entre el 19 y 20 de noviembre, y los familiares aseguran que en esta ocasión pudieron constatar el estado físico y mental de los presos políticos del Chipote, luego de más de 84 días sin verlos.
«Durante este largo periodo de desaparición e incomunicación entre la última visita y esta, pudimos verificar las graves afectaciones psicológicas, físicas y emocionales provocadas en nuestros presos políticos al desconocer la situación de sus familiares. Crisis nerviosas y de hipertensión, padecimientos cardíacos, insomnio, pérdida de apetito, llanto y desesperación fueron algunas de las consecuencias derivadas de la incomunicación prolongada a la que fueron sometidos nuestros familiares», se lee en el comunicado.
Además detallan que «las visitas se dieron bajo un clima de gran tensión y abuso de poder debido a que fuimos sometidos, la mayoría de familiares hombres, mujeres y ancianos, a revisiones exhaustivas y denigrantes, violatorias a nuestra integridad física e intimidad. Fuimos obligados a desnudarnos, hacer sentadillas, para luego ser víctimas de comentarios denigrantes y burlescos sobre la desnudez de nuestros cuerpos».
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Los familiares denunciaron que persiste la negativa de garantizar visitas y comunicación con niñas, niños y personas con necesidades especiales, lo cual violenta los derechos de los hijos e hijas de los detenidos. Estos derechos están establecidos y protegidos por leyes nacionales e internacionales y por el Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue firmado por el Estado de Nicaragua.
«Igualmente persiste la falta de calendarización en las visitas regulares, incumpliendo los periodos (15-21 días) e incumplimiento continuo de las convenciones internacionales de derechos humanos y las Reglas Nelson Mandela. La incomunicación es tortura y provoca graves daños emocionales, físicos y psicológicos en los presos y en nosotros sus familiares», afirman.
Demandan regular visitas, material de lectura y revisiones médicas
Los familiares exigen «con urgencia» la regularización de las visitas, con presencia y participación de los hijos e hijas menores de edad y con necesidades especiales; así como acceso a llamadas telefónicas/videollamadas y correspondencia como fotografías, dibujos y cartas, que incluyan a familiares en el exilio. «Nuestros hijos merecen, necesitan y tienen el derecho de ver a sus padres», demandan.
«Se mantiene la política arbitraria de no ingreso de material de lectura y escritura, situación que recrudece su situación de aislamiento. En virtud de ello, demandamos les sea respetado el derecho a tener acceso a material de escritura y lectura, en especial a la posesión de Biblias o cualquier otro libro sagrado de acuerdo a sus prácticas religiosas, que atenúe la afectación provocada por el encarcelamiento injusto e ilegal», agregan.
Los familiares se mostraron «alarmados» porque constataron que continúa el deterioro físico, por lo cual siguen demandando atención médica especializada y oportuna, para diagnosticar apropiadamente y atender los antiguos y nuevos padecimientos de salud que amenazan a los detenidos.
«Muchos de estos padecimientos se han agudizado debido a las condiciones precarias y maltrato psicológico sufrido por nuestros familiares en el Chipote y diferentes penitenciarios del país. Hacemos un especial llamado a las autoridades pertinentes para que a las personas mayores con afecciones crónicas y delicadas de salud, se les conceda el traslado a sus casas bajo el régimen de casa por cárcel, como lo dispone la ley nacional», recuerdan.
Asimismo, demandaron urgentemente el ingreso de organizaciones de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y la Comisión de Expertos Independientes de las Naciones Unidas a la Dirección de Auxilio Judicial y demás cárceles del sistema penitenciario y estaciones policiales en todo el país, para constatar la situación de los presos políticos.