El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es el primero en no participar en un proceso de revisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una conferencia sobre las recomendaciones del comité donde se analizó el incumplimiento en las recomendaciones y la instrumentalización de las instituciones en la violación de derechos fundamentales de los nicaragüenses.
Alexandra Salazar, coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), consideró que en Nicaragua no se está garantizando la aplicación de pactos internacionales de derechos civiles y políticos.
«Nos encontramos ante un Estado que en lugar de garantizar la correcta aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el contrario con sus propias normas ha instrumentalizado el ordenamiento jurídico nacional y otras normas para violar los derechos de la ciudadanía en general y garantizar la represión y criminalización de quienes le adversan o se atreven a disentir de la voluntad política partidaria», señaló Salazar.
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Concluye que «no hay avances significativos para garantizar seguridad, justicia y acceso al desarrollo de las mujeres y niñas».
Remarcó además que en cuanto a la migración lo que se ve es una política para controlar a los ciudadanos. «Hemos visto una política migratoria orientada al control de sus ciudadanos a través de la coordinación interinstitucional de la Dirección de Migración y Extranjería, la Policía Nacional y otras instituciones, ya sea a través de la restricción de la libertad de movilización, impidiendo su salida del país, despojando a los ciudadanos nicaragüenses de sus pasaportes o desterrándoles, impidiéndoles el retorno a Nicaragua», dijo.
Urge independencia del poder judicial
Salazar hizo énfasis en las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que señala que es «urgente» velar por la «independencia del poder judicial». Poniendo diferentes ejemplos como lo ocurrido con los presos políticos.
Destacó que para lograr esa independencia se «amerita reformas profundas que garanticen procedimientos transparentes, imparciales y no viciados para la selección, nombramiento, ascenso, traslado y destitución de los jueces y fiscales conforme a pactos y normas internacionales en la materia».
Otra de las urgencias señaladas es que exista una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que realmente cumpla con sus funciones, que sea independiente y pueda resolver casos, como los de denuncias de tortura a presos políticos, porque a la fecha no se ha resuelto una sola denuncia de las interpuestas.
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Por su parte Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, remarcó que la migración y el exilio son una muestra de las violaciones a los derechos fundamentales, porque la visita del comité debió hacerse en Nicaragua con organizaciones que estén en el país y no en Costa Rica con defensores de derechos que se han visto obligados al exilio.
Flores agregó que en Nicaragua hay un retroceso, un deterioro de derechos de las comunidades indígenas y que es importante investigar las graves violaciones a derechos humanos en el marco de las protestas sociales en el país.
En la conferencia se dio seguimiento para una aplicación efectiva de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos a Nicaragua, en que participaron Raza e Igualdad y el Centro por los Derechos Civiles y Políticos, además de la vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Vasilka Sancin, y las defensoras nicaragüenses Wendy Flores y Alexandra Salazar.