La líder opositora Tamara Dávila cumple hoy 550 días en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote, en todo este tiempo solamente ha recibido 12 visitas y únicamente en dos ocasiones ha podido ver a su hija.
Dávila ha pasado buena parte de estos días en celdas de castigo. Los policías han usado el nombre de su hija como parte de la tortura psicológica. “Sos una mala madre. Dejaste a tu hija abandonada por andar protestando”, le dicen los carceleros miembros de la Policía, porque saben que para Tamara su hija es una de las personas más importantes en la vida.
Fue detenida el 12 de junio de 2021, a través de un allanamiento ilegal, en la misma casa en que se encontraba su hija.
Tamara es una de las mujeres a quien el régimen le mantiene una luz encendida todo el día, por lo que afecta sus horas de dormir, pero para provocarle un mayor sufrimiento decidieron aislarla en una celda que sus familiares describen así: «En lugar de tener barrotes, tiene pernos y la vigilan todo el tiempo para impedir que se comunique con otras personas detenidas arbitrariamente».
En esa celda ha pasado la mayoría de los 550 días que lleva en el Chipote.
Dávila es defensora de los derechos humanos; una feminista que se ha enfocado en promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Nicaragua y se integró al activismo político tras el estallido de la crisis social en abril de 2018.
Se involucró en las protestas llevando alimentos a los estudiantes que se habían atrincherado en la Universidad Politécnica (Upoli), una de las primeras casas de estudio cuyos estudiantes se manifestaron contra el régimen.
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Dávila fue condenada el 3 de marzo a 8 años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional.
La sentencia fue dictada por el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, misma fecha en que dictó condena contra siete opositores (incluida Dávila) que pertenecían a un grupo de WhatsApp. Las sentencias oscilan entre los 8 y 13 años de prisión, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.