Las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) prolongan su agonía gracia al apoyo estatal que este año sumó la donación de propiedades confiscadas a los opositores a las transferencias vía Presupuesto. Todo indica que durante el 2025 podría seguir cubriendo gran parte de su déficit financiero con estas donaciones, ya que el proyecto de Presupuesto de 2025 solo contempla la transferencia de 72 millones de dólares en concepto de aporte estatal, monto que es menos de la mitad de los 156 millones que le transfirió en el 2023 a través de cuatro partidas del Presupuesto.
El proyecto de Presupuesto General de la República de 2025 que está en proceso de aprobación en la Asamblea Nacional, le destina 2,652.9 millones de córdobas en concepto de aporte estatal al INSS. Durante la presentación del proyecto de Presupuesto ante los diputados de la Asamblea Nacional, el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, dijo que esa partida representa el 1.7 por ciento del gasto total previsto para el próximo año y que está dentro de las 12 prioridades del Presupuesto, que juntas absorben el 80 por ciento del gasto total.
Al cambio oficial actual el monto de esa única transferencia que registra el Presupuesto de 2025 para el INSS equivale a 72 millones de dólares y representa un incremento del 18 por ciento en comparación con los 156 millones de dólares que en 2023 le transfirió el Estado a través de cuatro partidas del Presupuesto.
Lea además: Ortega crea ficticia recuperación del INSS a punta de donaciones e impuestos
Cambiaron apoyo presupuestario por donaciones
El aporte de 2024 todavía no se conoce pues el Ministerio de Hacienda solo ha reportado la ejecución presupuestaria del primer semestre del año. Ese reporte incluye dos partidas, el aporte estatal que durante el primer semestre rondó los 28 millones de dólares y otra por 1.5 millones de dólares para el pago de pensiones especiales.
Eso implica que durante el primer semestre de 2024 tampoco hubo transferencias bajo el concepto de apoyo presupuestario, que en 2022 y 2023 se usaron para entregarle al INSS 114 millones de dólares. Ese mecanismo se habría sustituido por donaciones. El Informe de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda detalla que en junio el INSS recibió una donación de 8.60 millones de dólares que transformó el déficit acumulado durante el semestre en un superávit de 5.29 millones de dólares.
En agosto el régimen publicó en el diario oficial La Gaceta que había donado al Seguro Social 72 propiedades, algunas de ellas identificadas entre las que robó a los exreos políticos desterrados. Estos dos donativos en un periodo tan corto hacen suponer a los especialistas en seguridad social que durante el 2025 el régimen podría seguir cubriendo el déficit financiero del INSS con los bienes robados a exreos políticos y a organizaciones no gubernamentales (ONG), que incluyen no solo propiedades sino también dinero en efectivo.
¿Qué es el aporte estatal al INSS?
Con respecto al concepto de aporte estatal que desde 2017 le entregan al INSS anualmente vía Presupuesto no hay una explicación clara sobre por qué se entrega. Algunos especialistas consideran que es para cubrir las cotizaciones de los empleados públicos, para evitar que se vuelva a generar una deuda como la que recientemente el Estado le canceló al INSS por unos 500 millones de dólares.
Entre 2017 y 2024 el INSS recibió por esa vía 328 millones de dólares y durante el 2025 recibirá 72 millones más. Para los especialistas lo extraño es que esta partida refleja un incremento del 18 por ciento en comparación con la de 2024 que según el Presupuesto de este año será de 61 millones de dólares. Entonces no entienden por qué creció tanto de un año a otro, aunque admiten que se debe tomar en cuenta que durante el 2024, algunos empleados públicos recibieron cuatro ajustes salariales.
Lea también: Régimen intenta aplacar descontento en trabajadores públicos con ajuste salarial
Otra orientación que incluye el proyecto de Presupuesto de 2025 es que para garantizar la atención de los asegurados, “las instituciones presupuestadas y las Alcaldías que no cumplan con sus obligaciones de enterar las cotizaciones trabajador-empleador del corriente año al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en los plazos establecidos en la Ley de Seguridad Social, se autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a retener de las asignaciones presupuestarias en el Presupuesto General de la República vigente el monto equivalente a las cotizaciones pendientes de pago y lo transferirá al INSS”.
Además, las “deudas que presenten las instituciones presupuestadas y las Alcaldías al 31 de diciembre del 2024 deberán ser sujetas de arreglos o convenios de pago con el INSS”.
