La Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió enviar a Nicaragua una comisión de alto nivel para que verifique el estado de los derechos de organización empresarial y sindical; y lamentó el silencio de las autoridades ante las peticiones de información que le ha hecho. Ante esta actitud es previsible que, tal como ha ocurrido con organismos de derechos humanos, no se permita el ingreso de esta misión tripartita. Esto dejaría en evidencia la gravedad de la situación y expondría al país a que en marzo se nombre una comisión de encuesta y que el caso avance hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“Si no los dejan entrar, va a quedar claro de una vez por todas la falta de voluntad del régimen Ortega Murillo para atender sus compromisos ante la Organización Internacional del Trabajo y quedarían sin careta no solo ante el sector empleador sino ante los Gobiernos y el sector trabajador del mundo. En marzo de 2025 tocaría tomar una decisión sobre la aplicación del artículo 26 que como siguiente paso nombra una comisión de encuesta”, dice un dirigente empresarial, que por temor a represalias evita identificarse.
Durante la 352 reunión, realizada esta semana en Ginebra, Suiza, el Consejo de Administración de la OIT reiteró su profunda preocupación por el persistente incumplimiento de Nicaragua, con los compromisos adquiridos con cuatro convenios: sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; el derecho de sindicación y de negociación colectiva; la discriminación (empleo y ocupación), y sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo).
Comisión de la OIT debe presentar informe
El Consejo de Administración de la OIT también deploró “la ausencia de un compromiso significativo del Gobierno y que no haya respondido” a ninguna de las comunicaciones ni facilitado la información solicitada por este Consejo, por lo que lo instó a “tratar con carácter urgente las cuestiones planteadas en la queja y lo exhortó a que a la mayor brevedad posible responda” a las comunicaciones de la OIT y facilite la información que le están solicitando.
Ante la falta de respuesta que enfrentan desde marzo pasado, junto a este nuevo llamado a responder, el Consejo de Administración decidió enviar la comisión de alto nivel para que evalúe in situ la situación de los derechos contemplados en los cuatro convenios mencionados. Según la resolución de la OIT, la misión tripartita, es decir con representación de gobiernos, trabajadores y empleadores, indistintamente de si entra o no al país, presentará un informe completo al Consejo de Administración durante la 353 reunión que se realizará en marzo de 2025.
La resolución también decidió aplazar hasta la reunión de marzo de 2025 la decisión de adoptar nuevas medidas, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la OIT. Este artículo incluye entre otros aspectos las circunstancias en las que se puede trasladar una queja a una comisión de encuesta, decisión que se tomaría en marzo, dependiendo de lo que diga el informe que presente la comisión de alto nivel. Los artículos posteriores de la Constitución de la OIT establecen los pasos que siguen después del envío a los países de la comisión de encuesta, la presentación del informe y la emisión de las recomendaciones por parte de la OIT.
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¿Qué sigue después del informe de la comisión?
El inciso 2 del artículo 29 dice que “cada uno de los gobiernos interesados deberá comunicar al director general de la oficina internacional del trabajo, dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, si desea someter la queja a la Corte Internacional de Justicia”.
Según la Constitución de la OIT, si la queja llega a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la decisión de este tribunal sobre cualquier reclamación o cuestión será inapelable.
Además, el artículo 33 dice que “en caso de que un miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”.
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La queja que tramita la OIT
La decisión de enviar una comisión de alto nivel a Nicaragua es parte del proceso de queja que la Organización Internacional de Empleadores (OIE) promueve contra el régimen Ortega Murillo bajo la acusación de incumplir los compromisos con los cuatro convenios internacionales mencionados; y que en marzo pasado incluyó la petición de crear dicha comisión y enviarla para verificar la situación de trabajadores y empleadores. Durante su existencia el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fue integrante activo de la OIE y ante su clausura la OIE ha asumido su representación ante la OIT.
Independientemente de que la comisión de alto nivel entre al país o no, en marzo cuando presente su informe podría dar paso a que se envíe la comisión de encuesta. Este es un procedimiento especial de la OIT que examina una queja y prepara un informe con averiguaciones y recomendaciones.
De tomarse esta decisión en marzo, sería la segunda vez que se ordena que una comisión de encuesta llegue a Nicaragua. La primera se pidió en 1987, pero llegó hasta las primeras semanas de 1990. Su visita coincidió, primero con la derrota electoral de Ortega y meses más tarde con las asonadas que los sindicatos sandinistas promovían para desestabilizar al gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro. Además, entre otras situaciones, la multiplicación de huelgas promovidas por los sindicatos, el retorno de la libertad empresarial y la devolución de algunas empresas confiscadas, dejaron en evidencia que la situación denunciada había cambiado.