El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intenta imponer en Nicaragua una religión sin religiosos, como lo muestran los ataques constantes a la Iglesia católica y a su feligresía, indicó el abogado Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca +.
Valdivia estuvo a cargo de la presentación de la actualización del informe Violaciones a la libertad religiosa, Etapas de represión contra la Iglesia de Nicaragua, desarrollado en el período entre 2019 y 2023 donde han documentado 1,200 testimonios de nicaragüenses que han sido víctimas de diferentes agresiones por estar vinculados al catolicismo.
«En las violaciones a la práctica de la libertad de religión individual y colectiva existe este reemplazamiento de parte del Estado que va acompañado del ahogamiento operativo de la Iglesia. Podemos ver cómo las actividades religiosas de fe son canceladas o limitadas a realizar dentro de los templos y por otro lado cómo el Estado de Nicaragua ha asumido estas actividades religiosas, como actividades populares, como las de Santo Domingo, La Purísima o el Viacrucis Acuático que se las han atribuido al Intur y las alcaldías», detalló Valdivia
El abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos, indicó por su parte que a esto se le suma la destrucción de símbolos católicos como la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua.
«La crisis sociopolítica de Nicaragua se ha agravado, al igual que la persecución del Gobierno a cualquier voz de protesta, incluida la de la Iglesia católica. El régimen de Ortega y Murillo se ha referido a los obispos y al papa Francisco en duros términos y los ha acusado de liderar un intento de golpe de Estado», indicó Arce.
Durante la presentación del Informe destacaron cuatro momentos claves de la represión contra la Iglesia y cómo ha ido en aumento con el paso de los años. El último período estudiado de este informe fue de febrero 2023 hasta la actualidad, que se ha caracterizado por tensiones y hostilidades, entre el Gobierno y la Iglesia católica, desde que los líderes eclesiásticos, durante las protestas de la sociedad civil de 2018, denunciaron públicamente las violaciones a los derechos humanos y del Estado de derecho por parte del Gobierno.
Evolución de la represión
Entre abril 2018 y marzo 2019 iniciaron las campañas de estigmatización y descalificación, ataques a templos y destrucción de símbolos religiosos, agresiones físicas contra miembros de la Iglesia, amenazas de muerte y detención, hostigamiento y persecución contra sacerdotes y sus familiares, además de suspensión de fondos para parroquias y actividades religiosas.
Durante abril 2019 y enero 2022 se continuaron registrando hostigamientos, amenazas y detenciones a la feligresía católica. También aumentó el asedio a tempos en actividades de conmemoración, protestas, detenciones y asesinatos.
En el tercer período de este informe, que fue febrero 2022 y enero 2023 se documentó la ruptura de relaciones con la Iglesia católica: expulsión del nuncio apostólico, cierre de medios de comunicación y universidades y asociaciones humanitarias ligadas a la Iglesia, expulsión de personas religiosas y miembros de la Iglesia, retención de pasaportes y despojos de los mismos, prohibición de ingreso al país o retorno. En este período se dan las primeras detenciones contra líderes religiosos.
Valdivia recordó que la libertad de religión «es el derecho a elegir qué religión profesar y a adorar sin injerencias indebidas. El derecho fundamental a la libertad religiosa o de creencia forma parte de los orígenes de tratados y convenciones de derechos humanos. Este se relaciona con la libertad de identificarse con una creencia particular, así como de cambiar de confesión, e incluso de no contar con ninguna afiliación religiosa particular. La libertad religiosa o de creencia se encuentra estrechamente ligada con el principio de libertad e integridad humana en todas sus dimensiones, así como con el principio de pluralidad y diversidad, teniendo en cuenta la riqueza de distintas expresiones religiosas y espirituales que forman parte de nuestros territorios».
Violación continua a la libertad de culto
Las acciones del régimen de Ortega evidencian la sistemática violación a la práctica individual y colectiva de la libertad de culto. Esta grave situación fue mayormente evidenciada durante las celebraciones de Semana Santa, señala Valdivia, afirmando que es una estrategia para que el Estado asuma el control de las actividades.
El objetivo de esta acción es convertir las festividades religiosas en propaganda política y un medio para ejercer control sobre la ciudadanía devota. «La consolidación de estas acciones refleja un modelo de control Estatal sobre las actividades religiosas, afectando la autonomía de la Iglesia y su capacidad para llevar a cabo prácticas tradicionales y festividades de manera independiente», puntualizó el informe.
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El Colectivo de Derechos Humanos también recordó que en las cárceles de la dictadura permanece monseñor Rolando Álvarez, el único sacerdote preso político. Fue condenado a 26 años por supuestos delitos que traicionan a la patria y despojado de su nacionalidad como nicaragüense.
