Entre cuatro millones y cinco millones de inmigrantes sin autorización que se beneficiarían de las acciones ejecutivas anunciadas el 20 de noviembre por el presidente Barack Obama tienen ante sí una gran oportunidad, aunque también muchas dudas, preguntas y suspicacias.
Entre los obstáculos que enfrentan están; los 465 dólares que se deben pagar por solicitud. Hay quienes no tienen ese dinero. Esta tarifa se aplica por persona, no por familia. Temor a repercusiones migratorias.
Si no se acepta la solicitud de alguien, esa persona podría ser deportada. Temporalidad de las medidas, que solo estarán vigentes durante tres años. Después podrían ser renovadas o no por otro Gobierno si no hay una reforma permanente a las leyes de inmigración.
Falta de información y desinformación entre la comunidad inmigrante. Imposibilidad de recopilar documentos que demuestren presencia continua en el país durante cinco años.
Temor a reportar nombres de parientes que están en el país ilegalmente y no pueden acogerse al programa de suspensión de deportaciones.
Falta de acceso en zonas rurales a centros comunitarios o de ayuda a inmigrantes para poderse informar sobre las medidas.
Temor a las consecuencias de cualquier arresto, aunque sea por un delito leve. En teoría arrestos por delitos leves no deberían ser sinónimo de deportación, pero en la práctica se han registrado deportaciones tras arrestos por infracciones menores.
Para los jóvenes, el no poder matricularse en una escuela porque se trabaja. Tener un título o cursar estudios es un requisito para el programa de suspensión de deportaciones de jóvenes.
GRUPOS EN DEFENSA
Ocho grupos de defensa de inmigrantes se han sumado a los esfuerzos legales para respaldar las normativas del presidente Barack Obama sobre inmigración, frente a 25 estados del país que se oponen a ellas.
Los grupos enviaron esta semana a la corte federal de Brownsville, en Texas, una carta de apoyo a las medidas de alivio migratorio anunciadas el mes pasado por el mandatario y que se cree podrían beneficiar a entre cuatro y cinco millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país.
Las medidas ofrecen protección temporal ante la deportación y la obtención de permisos de trabajo.
En la corte federal de Texas 25 estados del país han interpuesto una demanda para bloquear las acciones ejecutivas, asegurando que Obama violó sus obligaciones constitucionales cuando las aprobó y que estas perjudicarán las economías estatales.
Algunos de los estados son Texas, Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas y Luisiana. Grupos como el Consejo Estadounidense de Inmigración (“The American Immigration Council”) o la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración enviaron esta semana a la corte la carta de apoyo o “amicus curiae”, un escrito presentado por terceras partes, sin solicitación de las partes litigantes, que tiene el objetivo de ayudar a un tribunal a tomar una decisión en un determinado caso.
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