La iniciativa de Ley de Seguridad Soberana dejaría a la sociedad nicaragüense “en un estado de total indefensión”, porque establece una lista de “riesgos y amenazas” “tan ambiguos” y “abiertos a la interpretación” que amenaza o riesgo podría ser “hasta un estornudo”.
Así se expresó Roberto Cajina, especialista en Defensa y Seguridad, quien participó ayer en la consulta no oficial que realizó ayer el presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Luis Callejas, en la Asamblea Nacional.
Esta consulta no oficial con los diputados de la Bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) surgió debido a que los diputados sandinistas se negaron a invitar a organismos de la sociedad civil y especialistas en materia de Seguridad a la consulta oficial sobre esta polémica iniciativa de Ley que propone la creación de un sistema nacional de coordinación militar para investigar los riesgos y amenazas a la seguridad soberana.
Cajina, quien fue el primer consultado por la Bapli, señaló que esta iniciativa, la cual posiblemente sea aprobada por la aplanadora oficialista la próxima semana, “no establece ni siquiera la formalidad de mecanismos de control y supervisión” y con ella “se está construyendo un Estado policíaco en donde el Ejército y la Policía son los que tienen el rol fundamental”.
“Esta es una Ley de Inteligencia y una Ley de Seguridad del Estado que tiene roces con la Constitución y una cantidad de vacíos que dejan espacio abierto a la discrecionalidad, que es la puerta por donde entran la represión y la violación a los derechos humanos”, manifestó Cajina.
El experto señaló que esta iniciativa surge en un contexto cuando están proliferando, con más intensidad, manifestaciones de protestas contra el Gobierno.
“¿SEGURIDAD SOBERANA?”
La directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Elvira Cuadra, consultada también ayer, señaló en principio que el término “seguridad soberana” no tiene antecedentes en la legislación latinoamericana ni en la Iberoamericana, coincidiendo en esto con Cajina.
Pero lo que realmente preocupa al Ieepp “es que en la definición que se hace del término, tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la iniciativa, la seguridad soberana es entendida como una mezcla de los temas de la defensa y los temas de orden interior y se amplía en aspectos estrictamente de carácter civil y que salen de la competencia del sector defensa”.
“Hay una mixtura de cosas que producen ambigüedad y una confusión entre la competencia de la defensa y las de orden interior y otras de orden civil”, agregó Cuadra.
Esta variedad de temas también fue señalada por Cajina, quien lo simplificó llamándolo “un arroz con mango”.
A la consulta realizada en la Asamblea Nacional también se presentaron el especialista independiente en Seguridad, Roberto Orozco; el asesor jurídico del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión; el secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, entre otros.
CONSULTA NO OFICIAL
El diputado Callejas, quien pertenece a la Bapli, explicó que esta es una consulta no oficial, pero los resultados y observaciones de los especialistas serán presentados ante la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la cual realizó la consulta oficial a esta iniciativa de Ley, los días martes y miércoles de esta semana, invitando únicamente a las instituciones a las cuales se les da más poder de persecución y subordinadas al presidente inconstitucional Daniel Ortega: Policía Nacional, Ejército y Fiscalía.
Estas instituciones acataron sin ninguna observación la propuesta de Ley de Ortega.
“Nosotros invitamos a estas personas para que nos expongan su punto de vista, independientemente de que no participamos en la consulta (oficial), pero queremos saber no solamente opiniones favorables, sino todas las opiniones que existen sobre esta Ley”, dijo Callejas.
El lunes e la Bapli continuará su consulta con el exdiputado y expresidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, quien estuvo a cargo de crear la Ley de Seguridad Democrática, legislación que será derogada cuando se apruebe la Ley de Seguridad Soberana (Ley 750).
COSEP SUGIRIÓ CAMBIOS
El presidente de la Comisión de Gobernación, Luis Callejas, se retiró de la consulta oficial a la iniciativa de Ley de Seguridad Soberana, porque rechazó que solo fuera consultada con instituciones del Estado, a excepción del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que propuso cambios en la redacción de la iniciativa.
El diputado sandinista José Figueroa explicó ayer que los miembros de la Comisión de Gobernación solo eran invitados de la Comisión de Justicia, la cual encabezó la consulta oficial, por lo cual no tenían que hacer propuestas de invitados.
