A Ortega le puede salir el tiro por la culata con la contratación de una importante firma de lobby, para que haga gestiones a su favor ante el Gobierno y Congreso de los Estados Unidos (EE. UU.)
La decisión de contratar una firma de lobistas, tal como lo señala el medio que originalmente dio la noticia, es para sostener reuniones con funcionarios del Gobierno y el Congreso de ese país que influencien las políticas “que contribuyan a las relaciones económicas y políticas entre la República de Nicaragua y los EE. UU. de América, a medida que surjan”, y a reglón seguido cita a la “Nica Act” como la principal motivación del objetivo de Ortega con la contratación de la firma.
Es decir, esa contratación, así como la recurrencia al secretario general (SG) de la Organización de Estados Americanos (OEA), tienen el mismo origen: la “Nica Act” que, como se recordará, fue aprobada en septiembre por unanimidad en la Cámara de Representantes, y vincularía la posición del gobierno norteamericano en los organismos financieros internacionales a la evolución democrática y lucha contra la corrupción en el gobierno de Ortega. Dos temas en los cuales, por cierto, está aplazado bajo cualquier estándar.
De la revista Foreign Affairs Latinoamérica que, se edita en México, me solicitaron un artículo después de las elecciones del 6 de noviembre pasado. En ese artículo, que se publicará en el último número trimestral de la revista de este año, señalo lo siguiente:
“En el marco de la ‘Nica Act’ y el consecuente Acuerdo entre Ortega y la SG de la OEA, se produjo la sorpresiva y masiva abstención en las elecciones nicaragüenses en momentos que se encontraba en Nicaragua una delegación del secretario general invitada por el gobierno, para conversar e intercambiar con otras organizaciones y delegaciones también invitadas”. Esa abstención fue, sin duda, resultado de la evaluación que el pueblo nicaragüense ha realizado del sistema electoral bajo el gobierno de Ortega.
Y agregaba en el artículo:
“En esas circunstancias (la masiva abstención) se produjeron dos hechos vinculados a las elecciones de los EE. UU. El primero, el triunfo de Trump cuya política exterior solamente se irá perfilando en las próximas semanas, y tomará aún más tiempo una definición de su posición en cuanto a la ‘Nica Act’. Segundo, la reelección de la representante por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, principal impulsora del proyecto de ley, y del senador Marcos Rubio, también de la Florida, que se supone liderará el proyecto en el Senado”.
La discusión sobre la “Nica Act” seguramente se retomará en algún momento en el Congreso que se instale el próximo mes de enero. Y desde luego subsistirán las diferencias que ya existían entre los asesores de ambas cámaras del Congreso. Mientras los asesores de la Cámara de Representantes consideran que la ley ejerce una presión sobre Ortega para que cambie su rumbo dictatorial y los flirteos geopolíticos con Rusia, los asesores del Senado buscan otra forma de presión porque consideran que la ley, tal como fue aprobada en septiembre, no ejerce tanta presión sobre Ortega como daño al pueblo de Nicaragua.
Pero unos y otros, aunque discrepan en cuanto a los medios, tienen el mismo análisis. Que ahora Ortega contrate una firma de lobby, como si estuviese enfrentando a la política agresiva de Reagan en los años ochenta, así como también recurrió de urgencia al secretario general de la OEA cuando cuatro meses antes había solicitado su renuncia, solamente les confirma en la conclusión de su análisis: Ortega solamente entiende de presiones, no de razones.
A los ojos de esos asesores, así como a miembros del equipo del secretario general de la OEA, la contratación de una firma de lobby puede aparecer como que Ortega, en vez de cambiar está tratando de engañar. Le puede, entonces, salir el tiro por la culata, y habrá gastado inútilmente más de mil dólares al día del dinero de los nicaragüenses.
El autor es excandidato a la presidencia y vicepresidencia de Nicaragua.