¿Asistirán mañana empresarios y líderes del sector privado a la cuarta toma de posesión de Daniel Ortega? ¿Lo harán a pesar de que su investidura como presidente es producto de procesos electorales ilegítimos y de la violación de un precepto constitucional que prohibía la reelección? Es posible. Porque un factor que opera en la conducta de muchos nicaragüenses y, en particular, en aquellos que tienen mucho que perder, es el miedo.
No es un miedo infundado. En Nicaragua la seguridad, las garantías, y las posibilidades de resolver problemas, no dependen de un entorno legal o de instituciones fuertes y confiables, sino de la voluntad de un hombre —o de una pareja—; de dos personas contra las cuales no existe recurso alguno; de dos personas cuya voluntad puede abrir o cerrar puertas sin importar para nada las leyes. Es entendible, por tanto, que las personas con grandes negocios traten de estar en buenos términos con la pareja poderosa.
La ironía es que la mayoría de ellos aman el Estado de derecho y la democracia. No es cierto que solo les importe el dinero, entre otras cosas porque saben que este crece más rápido y seguro en sociedades que gozan de dichos factores. Tampoco es cierto que no les importe la conducta continuista y antidemocrática de Ortega; les molesta y les preocupa. Si llegan es porque sienten que no les queda más remedio.
Tales sentimientos son extraños en países donde imperan las leyes y operan instituciones efectivas e independientes. En Estados Unidos los presidentes de Microsoft, General Motors o Citibank, no se sienten compelidos a participar en inauguraciones presidenciales. Es cierto que aún allí las posibilidades de hacer negocios o ganar contratos pueden ser habilidosamente ayudadas por legisladores o autoridades locales o federales. En casi todas partes suele cortejarse a las personas con poder. Por regla general los poderosos tienen más posibilidades de torcerle el brazo a tribunales y autoridades, que el ciudadano corriente. Pero hay diferencias de grado que son enormes: mientras en algunas sociedades es necesario tocar muchos botones y apelar a muchos actores, dentro de un marco relativamente estrecho y previsible de límites legales, en otras basta arrimarse al sultán para que este grite: “¡Ábrete sésamo!” y los ríos cambien de curso.
Un problema en este tipo de sociedades es que coartan la libertad mientras fomentan el servilismo y la hipocresía. Los apretones de manos y las sonrisas, las manifestaciones de adhesión, las complacencias con el poder, no son expresiones de simpatía, sino de temor o cálculo oportunista, tonto el gobernante que las cree genuinas. Otro problema es que eclipsa ante los ojos de los ciudadanos el valor de la ley. Si esta no determina las consecuencias de distintas conductas, sino que lo dicta la voluntad del poderoso, la ley queda devaluada; convertida en artificio, útil solamente para castigar al adversario. Sufre también la justicia, porque entonces no se da a cada quien lo que le corresponde, conforme ley y derecho, sino lo que quiere darle o quitarle el poder.
Es cierto también que algunos poderosos pueden ser buenos. El problema es que no hay defensa para el ciudadano si dejan de serlo, lo cual es altamente probablemente dadas las múltiples tentaciones que produce el excesivo poder. Por eso las sociedades más prósperas o estables no son aquellas regidas por autócratas sin freno legal, sino aquellas donde los gobernantes están sometidos a la ley y el poder está altamente distribuido; aquellas donde nadie se siente presionado para acudir a la toma de posesión de autoridades.
El autor fue ministro de Educación en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
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