En el discurso de toma de posesión del presidente Ortega se hizo referencia a la unidad, el diálogo y la concertación, como mecanismos necesarios de la paz y la estabilidad. Ciertamente todos ellos son medios fundamentales para alcanzar los objetivos señalados, siempre y cuando tengan la naturaleza, el sentido y la dirección correspondientes.
Por esa razón, es imprescindible precisar el significado de cada uno de ellos, pues de lo contrario, las palabras y las formas pueden desnaturalizar las finalidades enunciadas y ocultar propósitos no solo diferentes sino contrapuestos a su verdadero sentido.
Si se habla de unidad, esta debe realizarse con todos los sectores políticos, económicos y sociales y no solamente con los grupos y organizaciones afines al poder, aun y cuando el enunciado de su acción sea el de oposición política.
La unidad es precisamente la interacción de los contrarios y la integración de las diferencias en un proyecto inclusivo de carácter general el que, por su misma naturaleza, no excluya sectores que sostengan puntos de vista distintos y contrarios. De no ser así, lo que se estaría proponiendo es la adhesión a un proyecto definido y estructurado por el poder, y no un intercambio de ideas y puntos de vista de los que debe surgir un plan estratégico de nación.
Ni la unidad, ni el diálogo, ni la concertación son posibles en esos términos, pues eso sería adherirse, obteniendo su parte, a una estructura predeterminada y omnipotente, que no tolera diferencias y que ya tiene el diseño de lo que a cada quien correspondería dentro de ese sistema de poder. No se puede aceptar que se tengan los resultados de la concertación antes del diálogo.
La unidad no significa plegarse al modelo del poder, pues por el contrario debe ser el resultado de la consideración de diferentes puntos de vista y distintas perspectivas. No puede aceptarse tampoco que la unidad sea el pretexto para legitimar con un acuerdo ficticio las medidas adoptadas, para anular todo vestigio de oposición verdadera.
Difícilmente puede asumirse como una intención orientada a la unidad, aquella que desde el poder busca subordinar al adversario a su propio proyecto, luego de haber tomado una serie de medidas para anularlo, tales como la eliminación del principal partido de oposición; la disolución de la coalición que este encabezaba; el despojo de la personería jurídica y de la representación legal; la destitución de 28 diputados; el rechazo de la observación nacional e internacional, para mencionar algunas de las acciones previas a la propuesta de unidad.
En realidad, la unidad, el diálogo y la concertación tienen como finalidad sentar las bases de la nueva Nicaragua que debe surgir del consenso y de la integración de las diferencias. No una Nicaragua homogénea, ni tampoco caótica y confrontativa, la del maniqueísmo que niega todo lo que no reproduce la propia imagen y deseos, sino la Nicaragua plural y múltiple, en la que todas las expresiones políticas tengan un espacio legítimo.
La que hemos llamado La Nicaragua Posible debe ser fruto de la concertación, una forma de conducta política, para la construcción de una nueva sociedad, una estructura con los medios necesarios para dar respuesta a los problemas apremiantes que gravitan sobre nuestro pueblo.
La concertación verdadera significa un salto cualitativo sobre lo que han sido las dos expresiones dominantes de la política criolla: la confrontación y la confabulación.
Pero sobre todo en nuestro país, el sentido de la concertación es para establecer el Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia y para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía sobre la que recaen las decisiones y los acuerdos que se adopten.
Se concerta para evitar que se tomen medidas unilaterales o decisiones que no tengan en cuenta los intereses y problemas de la sociedad, y que, por lo mismo, generen inestabilidad y desequilibrio.
Por ello cuando se habla de unidad, diálogo y concertación, deben considerarse estos elementos que definen cada una de esas acciones políticas. No se concerta, reiteramos, para que el poder complete un cuadro de dominio político total, ni para que los sectores que van al diálogo encuentren posiciones en la estructura de poder dominante.
Pienso que el diálogo y la concertación deberían iniciarse tratando de alcanzar la unidad de los diferentes sectores de la oposición, sobre puntos que puedan servir de base para la elaboración de un plan estratégico de nación. Aspectos que tiene que ver con las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia, la educación, la salud, el sistema electoral, el empleo, para mencionar algunos.
Luego, a partir de una agenda básica, llevarlos como propuesta a un diálogo con el Gobierno con quien se discutiría un plan estratégico y no un conjunto de prebendas y de posibles cargos en el Estado. Ese tendría que ser el contrato social que sustente un proyecto de nación.
Dentro de ese marco general debería considerarse el acuerdo con la OEA, contenido en el informe conjunto suscrito por ambas partes, conscientes, no obstante, de que más allá de las posibilidades reales que este acuerdo pudiera tener, los objetivos necesarios para construir el país que se desea, solo podrán alcanzarse si hay una participación activa del sector político y la ciudadanía nicaragüense.
El establecimiento de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, que es el propósito esencial que se busca, solo será posible si existe un acuerdo interno sobre un proyecto de nación, respaldado por los sectores políticos, económicos y sociales del país. En este sentido, la unidad, el diálogo y la concertación son absolutamente necesarios para alcanzar ese propósito fundamental.
Deben tenerse en consideración también asuntos específicos que merecen la atención de todo el país, más allá de posiciones políticas particulares, como la acción de los campesinos en defensa de la tierra, el lago y la soberanía nacional, que conlleva el esfuerzo por la necesaria derogación de la Ley 840.
Sé que esto es complejo y que hay muchas dificultades, pero aún con todos los problemas, y diría, precisamente por ellos, tenemos la obligación de pensar en un país diferente y en la posibilidad de construirlo.
A pesar de todo hay que tener confianza en las reservas morales de nuestro pueblo y esperar que la firmeza de sus convicciones sobre la democracia, la libertad y la justicia, le permitirá construir un futuro de estabilidad, de concordia y de paz.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.