Los problemas de Nicaragua nos corresponde resolverlos a nosotros los nicaragüenses. Sin embargo, el apoyo de la comunidad internacional y de organismos como la OEA, han jugado un papel importante en el pasado, como lo fue en la lucha contra la dictadura dinástica de los Somoza. Por tal razón, nos interesa examinar las recientes gestiones de la Secretaría General de la OEA, en el marco de la Carta Democrática Interamericana.
Recientemente, la Secretaría General de la OEA dio a conocer el informe sobre sus conversaciones con el Gobierno de Nicaragua. El análisis de los acuerdos suscita serias dudas acerca de si lo acordado contribuirá efectivamente al “fortalecimiento institucional democrático de Nicaragua”, eufemismo diplomático, ya que en este país la institucionalidad democrática ha sido demolida y hay que restaurarla.
La divulgación de este informe debió ser antecedida de la publicación de las “ponderaciones” que la Secretaría General de la OEA había enviado a Ortega sobre el proceso electoral, antes de las elecciones del 6 de noviembre. El numeral 2 del informe nos revela que la Secretaría General había expresado al Gobierno de Nicaragua sus preocupaciones referidas “a las normas y procedimientos regulatorios, a la situación de representantes electos en 2011 que perdieron su condición de diputados en julio de 2016, a la participación de los partidos políticos, a la necesidad de contar con padrones confiables y asegurar la debida cedulación de los votantes”, todos ellos puntos que los sectores democráticos habían ya denunciado. Cabe, además, aclarar que los diputados aludidos no “perdieron” su diputación sino que fueron despojados ilegalmente de ellas.
La decisión del pueblo de abstenerse masivamente de participar en la farsa electoral del 6 de noviembre, estimada en un 70 por ciento, fue precisamente por los problemas que suscitaron la preocupación de la OEA.
Si el proceso electoral que culminó el 6 de noviembre presentaba fallas tan graves ¿cómo es posible que la Secretaría General de la OEA lo dé como un hecho consumado, al guardar silencio sobre semejante farsa electoral, que contradice todos los elementos que según, el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana deben caracterizar unas elecciones “periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio y secreto como expresión de la soberanía del pueblo?”
La alusión que se hace al transfuguismo político parte de una mentira, ya que la legislación sobre el transfuguismo “no ha sido el fruto del consenso de toda la sociedad nicaragüense”. En verdad, las reformas constitucionales, que incluyen el transfuguismo, fueron en su momento, rechazadas por amplios sectores del país. Tímidamente, la OEA solo se compromete: a asesorar para que se realicen “mejoras” en la aplicación de dicha legislación para garantizar los derechos del elector y del elegido.
La OEA acepta dar “acompañamiento” a las próximas elecciones municipales, cuando nuestra Ley Electoral y la Carta Democrática Interamericana hablan de observación electoral. El “acompañamiento” es una invención del Consejo Supremo Electoral (CSE).
El acuerdo no menciona las garantías para el cumplimiento de lo que resulte del proceso de negociación.
Para el futuro, la OEA ofrece dar asesoramiento en aspectos técnicos para “continuar fortaleciendo la institucionalidad electoral de acuerdo a los estándares regionales y buenas prácticas, elecciones incluyentes, limpias y competitivas”. Pero no se alude la partidarización del CSE y su falta de credibilidad, tal como lo hizo la Misión de Observación de la OEA en su informe de 2011.
Ofrecen dar continuidad a la mesa de conversación y coincidan, “en el caso que sea necesario”, convocar a consulta a los distintos sectores de la sociedad nicaragüense, “en la modalidad que ambas partes determinen, los insumos y aportes técnicos”. Esto significa que Ortega no está dispuesto, y la OEA lo acepta, a convocar el diálogo nacional inclusivo que amplios sectores exigen para despartidarizar el poder electoral e iniciar un proceso de verdadera recuperación de la institucionalidad democrática.
La Secretaría General de la OEA accedió a que Ortega lograra lo que más perseguía: ganar tiempo para congelar la aprobación de la “Nica-Act” y vender la imagen, por tres años, de que está en un proceso de negociación con la OEA. Pero este acuerdo difícilmente convencerá a los congresistas norteamericanos. La “Nica-Act” fue provocada por las medidas adoptadas por el orteguismo.
El autor es jurista y catedrático.
